Chaco busca consolidar $300.000 millones en deudas para aliviar la presión financiera
El Ejecutivo propone emitir Bonos de Consolidación 2025 para reorganizar obligaciones vencidas y dar previsibilidad a proveedores y organismos públicos.
El Gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto para autorizar la emisión de los Bonos Chaqueños de Consolidación 2025, una herramienta destinada a reorganizar las deudas del Estado con vencimiento o título anterior al 31 de diciembre de este año. La iniciativa será tratada en la sesión extraordinaria del próximo martes 9.
En diálogo con Diario TAG , el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, explicó que la medida surge frente a "la presión de pagos acumulados provenientes de proveedores, contratistas, prestadores de servicios, municipalidades y otros acreedores", una situación que supera la capacidad financiera inmediata del Tesoro incluso con los mecanismos habituales de programación de pagos.
El proyecto establece un tope máximo de $300.000 millones, monto que incluye las obligaciones del Poder Ejecutivo, organismos autárquicos como el InSSSeP, y las que eventualmente adhieran los municipios. Según detalló Abraam, los bonos contemplarán tasa Badlar, dos años de gracia, durante los cuales solo se abonarán intereses, y un esquema de amortización que comenzará a partir del tercer año.
Una herramienta "constitucional y necesaria"
El ministro subrayó que la consolidación mediante títulos públicos es "la única alternativa razonable y constitucional" para evitar un descalce grave en las cuentas provinciales. La propuesta prevé un proceso de verificación transparente, un registro formal de acreedores, la participación de organismos de control y la posibilidad de compensación, rescate anticipado y uso de bonos para cancelar obligaciones provinciales.
Serán alcanzadas por la consolidación todas las deudas de rentas generales con causa o título previo al 31 de diciembre, clasificadas según monto, rubro y relevancia del servicio. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo deberá reflejar en el Presupuesto 2026 los créditos necesarios para el pago del capital e intereses de los bonos emitidos.
Organismos y municipios incluidos
La consolidación abarcará las deudas del Ejecutivo, InSSSeP y otros entes autárquicos. Además, se invita a los municipios a adherir al régimen, garantizando sus pagos mediante retenciones del Fondo de Participación Municipal.
En caso de aprobación, el Gobierno abrirá un reempadronamiento de acreedores dentro de los 90 días posteriores a la sanción. Las presentaciones deberán realizarse ante la Comisión de Evaluación y Verificación de Créditos, con intervención de Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas.
Lo que queda afuera
La ley excluye créditos vinculados a daños y perjuicios, afectaciones a la vida o la salud, indemnizaciones por expropiación, daños a herramientas de trabajo o vivienda, y créditos laborales, entre otros conceptos protegidos.
"Un alivio para el Estado y los proveedores"
Abraam indicó que la deuda flotante actual ronda los $130.000 millones, cifra a la que se sumarán las obligaciones del InSSSeP. El tope de $300.000 millones permitiría, afirmó, "ordenar el pasivo, dar previsibilidad y ofrecer una solución concreta a proveedores que vienen reclamando pagos en áreas críticas como comedores y salud".
"Esto nos permitirá alivianar la carga y comenzar a trabajar con una planificación más clara", concluyó.
