Caso Barraza: el Tribunal ordenó investigar a exfuncionarios de la gestión Capitanich
Las juezas instruyeron al equipo fiscal que investigue "eventuales responsabilidades" de quienes ocuparon cargos jerárquicos en el IAFEP, SAMEEP y el Instituto de Vivienda en los años 2022 y 2023.
Este viernes el exdirigente social y exjefe del Pozo 5 de SAMEEP, Carlos Barraza, fue condenado por los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios. En la lectura de la sentencia, además se instruyó al equipo fiscal continuar investigando "eventuales responsabilidades" de quienes presidían organismos estatales involucrados en la causa: IAFEP, SAMEEP y el Instituto de Vivienda.
Barraza recibió una sentencia de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. De esta manera, el tribunal conformado por las juezas Glenda Vidarte, Natalia Kuray y Julieta Dansey; lo halló culpable de los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios en concurso real. En el proceso, la Fiscalía expuso que el imputado hacía un uso discrecional de los fondos otorgados por el Estado y que utilizaba su cargo jerárquico en Sameep para manejar personal, maquinarias y recursos de la empresa para acciones de rédito personal.
En el marco de la investigación, Barraza fue vinculado a distintos organismos estatales. Por ello, el tribuanal también ordenó a los fiscales continuar la investigación a exfuncionarios de IAFEP, SAMEEP y el Instituto de Vivienda que ejercieron cargos jerárquicos en los años 2022 y 2023, bajo la gestión de Jorge Capitanich.
En primer lugar, se mencionó a Mauro Andión y Laura Moreno, exfuncionarios de IAFEP. Deberán ser investigados "respecto de la presunta responsabilidad en la disposición de los fondos estatales de los años 2022 y 2023 a personas o movimientos sociales que no reunían las condiciones mínimas para recibir recursos del Estado".
También se señaló a funcionarios a cargo de la Secretaría o Subsecretaría de Ordenamiento Territorial o su análogo durante los años 2022 y 2023 por "la adjudicación de RUBH a Carlos Barraza y/o personas particulares respecto de terrenos ubicados en Villa Barberán de Resistencia, así también como la eventual omisión de controlar las construcciones realizadas en dichos inmuebles".
En otro punto, se ordenó ampliar la investigación a los titulares del Instituto de Vivienda durante el período mencionado "en relación a las viviendas construidas parcialmente y sin el control aparente en calles Ushuaia y pasaje Villa Carlos Paz, presuntamente en Villa Barberán en Resistencia. Actualmente habitada por personas vinculadas a la Asociación Civil Humildad".
Por último, en la sentencia se indicó que se debe investigar "la responsabilidad penal de quienes ejercieron la presidencia de SAMEEP durante los años 2022 y 2023 en razón de la presunta omisión de controlar el accionar de Carlos Barraza y sus familiares sobre empleados de la empresa, omisión que, según testimonios incorporados al debate, habría permitido prácticas coactivas, el uso de empleados en condiciones irregulares y la afectación del patrimonio y derechos laborales de los trabajadores".
De esta forma, a raíz de este caso, comenzaría un nuevo y extenso proceso judicial que involucraría a exfuncionarios de la gestión anterior.
