Penas más severas y delitos imprescriptibles: el oficialismo busca cambios en el Código Penal
Nación busca lograr cambios en el nuevo código Penal, con el objetivo de reducir la criminalidad en el país. "El que las hace, las paga", comentó Patricia Bullrich.
El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, que endurece penas y actualiza figuras delictivas luego de más de un siglo. La iniciativa eleva los mínimos de las condenas, hace imprescriptibles los delitos más graves y garantiza que "el 82% de los delitos tengan prisión efectiva", según anunció Patricia Bullrich.
"El que la hace las paga", afirmó la ahora ex Ministra de Seguridad en la conferencia de prensa.
El proyecto introduce sanciones más duras para homicidios, robos, narcotráfico, corrupción, abuso sexual infantil, trata de personas y delitos viales con conducción imprudente. También incorpora nuevas figuras, como el ecocidio y los cibercrímenes, y refuerza las herramientas para recuperar bienes obtenidos ilícitamente.
Los cambios centrales que propone la reforma:
Imprescriptibilidad del abuso sexual y del homicidio agravado, que ya no podrán quedar condicionados por el paso del tiempo.
Prisión perpetua "toda la vida" para homicidios agravados, eliminando límites temporales.
Aumento de penas en homicidio simple, que pasa de un máximo de 25 a 30 años.
Prisión efectiva en el 82% de los delitos, al elevarse los mínimos y limitar las excarcelaciones.
Penas gravísimas por corrupción, con severos castigos para funcionarios responsables de desfalcos o enriquecimiento ilícito.
Creación de delitos por violencia en el deporte y espectáculos masivos, con sanciones para quienes participen u organicen hechos violentos.
Endurecimiento del combate al narcotráfico, con agravantes cuando intervengan menores o funcionarios.
Extinción de dominio fortalecida, para impedir que condenados recuperen bienes ilícitos.
Protección de bienes culturales, con penas más duras por tráfico, destrucción o saqueo.
Castigos más severos por compra y venta de niños, con responsabilidad penal para intermediarios y adoptantes ilegales.
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