Presentan en Diputados un proyecto para regular la eutanasia en Argentina
La UCR impulsó en Diputados un proyecto que regula la eutanasia y la muerte asistida, con controles estrictos, objeción de conciencia y reconocimiento legal de la práctica como muerte natural.
Un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en Argentina, apenas días después de que Uruguay se convirtiera en el primer país de América Latina en legalizar esta práctica.
La iniciativa, encabezada por el diputado Lisandro Nieri y acompañada por Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz, propone un marco legal con controles estrictos para garantizar un final de vida digno a pacientes con enfermedades graves, incurables o con padecimientos crónicos y limitantes.
El texto define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico —o bajo su supervisión— una vez verificado que se cumplen todas las condiciones legales y éticas. La solicitud del paciente debe ser reiterada, fehaciente, y puede ser retirada en cualquier momento sin requisitos adicionales. El proyecto habilita el acceso para mayores de 16 años y para personas con capacidad restringida, siempre bajo las salvaguardas necesarias.
Uno de los pilares de la propuesta es la creación de una comisión médica multidisciplinaria integrada por profesionales de la salud y un jurista. Este cuerpo analizará la historia clínica, mantendrá entrevistas con el solicitante y deberá emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días.
Si la evaluación fuera negativa, el paciente podrá pedir una revisión ante el pleno de la comisión. Tras la aprobación, el procedimiento deberá concretarse en un máximo de diez días, ya sea administrado por un profesional o mediante autoadministración supervisada.
El proyecto contempla la objeción de conciencia individual y también institucional. En este último caso, los centros de salud deberán garantizar la derivación del paciente a otro establecimiento y asumir los costos del traslado, evitando cualquier obstaculización del acceso. Asimismo, incorpora los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal para excluir de responsabilidad a los profesionales que actúen conforme a la ley y sancionar a quienes impidan injustificadamente el ejercicio del derecho.
Durante la presentación, Nieri afirmó que el objetivo es "garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios".
El diputado subrayó que el proyecto se apoya en los principios de la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna, además de en antecedentes judiciales como los casos Bahamondez (1993), Albarracini Nieves (2012) y M.A.D. (2021), que consolidaron la autonomía y el derecho a la autodeterminación sanitaria.
Los autores sostienen que la regulación de la eutanasia no busca promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y dar respuesta a una demanda social persistente, inspirándose en experiencias de países como Uruguay, España y Canadá.
