Un año sin presentar certificados: expulsan a un agente del Servicio Penitenciario
El Gobierno provincial echó a un empleado del Servicio Penitenciario tras comprobar más de un año de ausencias sin respaldo médico y múltiples incumplimientos laborales. El sumario confirmó faltas gravísimas.
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de un agente del Servicio Penitenciario Provincial, luego de que un sumario administrativo confirmara que incurrió en faltas gravísimas, entre ellas abandono del servicio por más de tres días corridos, incumplimiento de órdenes y ausencia prolongada sin presentar certificados médicos.
Según el decreto oficial, Frutos acumuló 93 días de licencia especial por enfermedad, con diagnósticos vinculados a lumbalgia, angustia y episodios de ansiedad. Sin embargo, desde el 21 de octubre de 2022 dejó de presentar certificados que justificaran la continuidad de esa licencia, a pesar de las reiteradas citaciones de la Dirección de Personal para regularizar su situación.
La investigación estableció que el agente permaneció ausente sin aviso, una conducta que encuadra en deserción del servicio, considerada una falta gravísima por el régimen disciplinario penitenciario. También se verificaron faltas graves, como la demora injustificada en presentarse ante llamados de sus superiores y su negativa a reintegrarse una vez finalizadas las licencias, intentando obtener prórrogas sin cumplir con las formalidades requeridas.
El sumario se instruyó conforme al Decreto 883/2021, que reglamenta la Ley 2855-J, y determinó la responsabilidad administrativa del agente tras constatar que no logró desvirtuar los cargos formulados.
En la resolución intervinieron la Asesoría Legal del Servicio Penitenciario, la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad y la Asesoría General de Gobierno, todas coincidentes en que correspondía aplicar la sanción más severa prevista: destitución con calificación de cesantía.
Con la firma del decreto, el hombre quedó expulsado del Servicio Penitenciario y sin posibilidad de reincorporación, dado que su conducta, según detalla el dictamen, vulneró obligaciones esenciales del personal penitenciario y afectó el buen funcionamiento de la administración pública.
