La Justicia ordenó a la ANDIS restituir las pensiones suspendidas por irregularidades
Un fallo federal cuestionó las auditorías médicas y el modo en que se aplicaron las bajas. El organismo deberá pagar las pensiones retenidas en un plazo de 24 horas y la medida rige en todo el país.
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca declaró irregular la actuación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó restituir de inmediato las pensiones no contributivas que habían sido suspendidas. La resolución, de cumplimiento obligatorio en todo el país, exige que el organismo pague los montos retenidos en un plazo máximo de 24 horas.
El fallo responde a una acción de amparo colectivo presentada por asociaciones de personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones y la Defensoría del Pueblo de Catamarca. La demanda cuestionó la implementación de auditorías médicas y denunció que, desde julio, miles de titulares se enteraron de la suspensión de sus prestaciones sin recibir notificaciones claras ni posibilidad de ejercer su defensa.
Antes de conocerse la sentencia, la ANDIS defendió su accionar y aseguró haber actuado bajo las facultades conferidas por los decretos 698/2017 y 843/2024. También sostuvo que las auditorías fueron debidamente notificadas y que las bajas se aplicaron solo en casos donde no se acreditaron los requisitos médicos exigidos.
Sin embargo, la resolución judicial concluyó que la Agencia no logró demostrar la existencia de actos administrativos individuales que justificaran cada suspensión. El magistrado señaló que este mecanismo, carente de sustento jurídico, interrumpió prestaciones esenciales sin respetar el debido proceso. Además, recordó que las pensiones no contributivas son un derecho patrimonial de sus titulares y solo pueden ser retenidas mediante un procedimiento regular y garantista.
Las cifras que explicó el Gobierno
Hasta el 16 de julio de 2025, el Gobierno había suspendido 65.230 pensiones por presuntas irregularidades, sobre un total de un millón de beneficiarios. Según datos oficiales, el 60% de las personas afectadas no habría completado la revisión médica. En paralelo, 8.207 titulares renunciaron de manera voluntaria y 6.643 prestaciones se dieron de baja por fallecimiento.
En total, la ANDIS informó que dejó de abonar 80.080 pensiones, lo que representó un ahorro mensual estimado en $23 millones.
