Sáenz Peña: abogada denuncia irregularidades en el desalojo de dos familias
Tras el escándalo con el desalojo de dos familias en el barrio Sagrado Corazón de dicha localidad, la letrada Romina Ropert contó las irregularidades en el operativo policial.
El desalojo de dos familias ocurrido este lunes en el barrio Sagrado Corazón de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa generando polémica tras los cuestionamientos de la abogada Romina Ropert, representante legal de uno de los grupos afectados.
La letrada calificó el procedimiento como "arbitrario" y adelantó que solicitará la intervención del Superior Tribunal de Justicia por presuntas irregularidades en el expediente.
Ropert relató que la Policía del Chaco irrumpió en el barrio dos horas antes del horario fijado para el operativo, bloqueando todos los accesos y dejando aislados a los habitantes de la vivienda. Según señaló, esta situación impidió que allegados y vecinos pudieran acompañar a la familia durante el desalojo.
La abogada sostuvo además que el oficial de justicia a cargo no le permitió acercarse a sus representados, aun cuando entre ellos había niños, una mujer embarazada y una vecina en silla de ruedas que quedó en medio del procedimiento. "No sólo debía ejercer mi profesión; también tenía que asistir y contener a personas que estaban siendo sacadas de su hogar", afirmó.
Ropert calificó como desproporcionado el despliegue policial y denunció episodios de violencia durante el operativo. Indicó que la familia solicitó un plazo para evitar quedar en situación de calle, pero aseguró que la supuesta propietaria del inmueble no aceptó ningún tipo de acuerdo y tampoco se presentó en el lugar.
Para la abogada, el caso expone un trasfondo social y humano mucho más profundo que no fue contemplado por la Justicia. Remarcó que los habitantes de la vivienda tenían años de arraigo en el barrio y atravesaban una situación económica vulnerable.
Aunque reconoció que la sentencia de desalojo está firme, adelantó que pedirá la revisión del proceso judicial por considerar que hubo irregularidades.
"Esto no es sólo un desalojo: es dejar a toda una familia sin techo", expresó Ropert, quien insistió en que el procedimiento debió haberse llevado adelante con mayor sensibilidad y respeto por los derechos de las personas afectadas.
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