Legisladores buscan declarar la emergencia del transporte público en Chaco
La iniciativa que involucra a los servicios urbanos, interurbanos, de corta y media distancia por un lapso de 12 meses también prevé la creación de un registro de usuarios frecuentes con beneficios exclusivos y mayor flexibilidad impositiva para las empresas de transporte.
Diputados de la oposición presentaron un proyecto para declarar la emergencia del transporte público en la provincia. La medida, planteada por un año con posibilidad de extenderse por otros 12 meses, busca que el Gobierno provincial implemente un régimen de Compensación Tarifaria y Sostenimiento del Transporte Público equivalente al 50% del costo objetivo por pasajero.
Según el artículo presentado por los legisladores, el objeto del proyecto es "garantizar la continuidad, accesibilidad y sustentabilidad económica del Servicio público del transporte de pasajeros, asegurando el derecho a la movilidad de la población chaqueña mediante un esquema de compensaciones tarifarias, beneficios impositivos y control digital que equilibre el costo operativo y el precio final del pasaje".
La iniciativa surge en un contexto marcado por la reciente advertencia de las empresas de transporte sobre posibles despidos, luego de cumplirse el plazo de tres meses sin cambios en la nómina acordado con la Unión Tranviarios Automotor Chaco. Con el vencimiento de ese acuerdo, la empresa ERSA Urbano S.A. informó oficialmente que, a partir del 3 de noviembre, reducirá su plantel de personal.
REGISTRO PROVINCIAL DE USUARIOS FRECUENTES
El proyecto también propone la creación de un Registro Provincial de Usuarios Frecuentes del Transporte Público de Pasajeros, que podrá ser consultado a través de la plataforma Tu Gobierno Digital. Esta herramienta permitirá conocer el uso habitual del servicio, garantizar la trazabilidad de los recorridos y transparentar los subsidios. Además, plantea la entrega de beneficios exclusivos como "descuentos progresivos, viajes bonificados o abonos mensuales con tarifas preferenciales". Por último, sostiene que este registro "servirá como herramienta estadística para el diseño de políticas de movilidad y compensación".
Otro punto destacado del documento son los beneficios impositivos y financieros para las empresas. El texto especifica que, durante la vigencia de la emergencia y siempre que cumplan con lo previsto en la ley:
a) Las concesionarias quedarán eximidas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad específica de transporte público automotor de pasajeros, con la obligación de destinar el ahorro tributario al mantenimiento y renovación de la flota.
b) También quedarán eximidas del canon de habilitación anual del parque móvil, siempre que acrediten las revisiones técnicas y condiciones de seguridad.
c) El Poder Ejecutivo podrá otorgar facilidades de pago de hasta treinta y seis (36) meses para las deudas con el Fondo Provincial del Transporte.
d) Las empresas podrán acceder a líneas de crédito preferenciales o de refinanciación con garantía del Estado provincial, destinadas a sostener la prestación y renovar unidades.
