Antes de un posible jury de enjuiciamiento, renunció el juez Sinkovich
Tras una serie de fallos polémicos y ante la posibilidad de un jury de enjuiciamiento, renunció el ahora ex titular del Juzgado Civil y Comercial N.º 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich. El exmagistrado presentó su dimisión este jueves ante el Superior Tribunal de Justicia.
En su nota de renuncia, Sinkovich informó que se acogerá a la jubilación ordinaria y reclamó el pago del anticipo previsional, las vacaciones no gozadas y otros haberes pendientes. El trámite quedó ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá definir si acepta o no la dimisión.
Entre los fallos más cuestionados se encuentra el que impuso sanciones económicas al Estado provincial por casi 86 millones de pesos diarios, al considerar que el Gobierno no cumplía con la entrega de agua y alimentos a comunidades wichí. La medida fue finalmente revocada por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia tras la intervención de la Fiscalía de Estado.
Ante ello, los diputados provinciales Zulema Wanenesson, Maida With, Francisco Romero Castelan y Samuel Vargas presentaron un pedido de suspensión para Sinkovich, ante el Consejo de la Magistratura.
Incluso, los legisladores centraron su denuncia en que el ahora exjuez adoptó "medidas en violación a los principios de razonabilidad, igualdad procesal e imparcialidad en varios juicios, en perjuicio del erario del Estado Provincial".
CAUSAS POLÉMICAS
Multas millonarias al Estado: se le reprocha haber fijado una multa diaria de $85.900.000 en una medida cautelar vinculada a la asistencia a comunidades originarias. Según las denuncias, habría resuelto el fondo del asunto dentro de una cautelar y sin tener en cuenta los informes de cumplimiento presentados por la Provincia.
Astreintes en la licitación de Lotería Chaqueña: en dos expedientes acumulados sobre la nulidad de una licitación, impuso multas que aumentó de $ 6.000.000 a $ 12.000.000 diarios por cada causa. Más tarde, la Cámara de Apelaciones declaró nula la sentencia por falta de legitimación de los amparistas y por no haber considerado precedentes del Superior Tribunal.
Sanciones pese al cumplimiento acreditado: en la causa Vilchez, aplicó astreintes de $300.000 y luego de $ 200.000 diarios, aun cuando el cumplimiento de la orden judicial por parte de la Fiscalía de Estado ya había sido acreditado. La Cámara revocó la medida y, además, se denunció retardo de justicia en ese proceso.
Perjuicio al erario público: en la causa Pereyra, referida al saneamiento de la Laguna de Villa Odorico, fijó multas de $ 150.000 diarios, que acumularon más de $ 35.800.000, beneficiando a una sola parte y generando un importante daño económico para la Hacienda Pública
