El Gobierno enviará agentes del DFI al FBI y refuerza la cooperación en seguridad
Dicho convenio busca fortalecer la capacitación en delitos complejos, ciberseguridad y en la lucha contra el crimen organizado.
El Gobierno argentino enviará efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) a la academia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Quántico, Estados Unidos, como parte de un nuevo acuerdo de cooperación firmado por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con autoridades del organismo estadounidense en Washington.
El convenio apunta a fortalecer la capacitación en delitos complejos, ciberseguridad y lucha contra el crimen organizado. Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad, viajarán tanto agentes como autoridades del DFI, creado en junio pasado dentro de la Policía Federal Argentina para la investigación de delitos de alta complejidad.
El acuerdo también prevé que instructores del FBI se trasladen a la Argentina para completar el entrenamiento local. Las capacitaciones incluirán investigación criminal, análisis de inteligencia, técnicas de seguimiento y prevención del cibercrimen.
Además, se habilitará un canal de comunicación permanente entre el DFI y las divisiones de inteligencia del FBI para el intercambio de información técnica y datos sobre amenazas emergentes.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), encabezada por Sergio Neiffert, participó de la firma del acuerdo y coordinará tareas de asistencia técnica y cooperación. Entre las principales zonas de atención se encuentra la Triple Frontera, donde se renovaron los equipos de control y vigilancia.
La iniciativa se enmarca en la reforma de la Policía Federal, inspirada en modelos del FBI estadounidense y la Policía Federal de Brasil. La reciente modificación de la Ley Orgánica de la PFA (21.965) otorgó nuevas atribuciones al DFI, que podrá actuar en prevención de delitos digitales sin orden judicial y detener personas en casos con indicios de delito por un plazo máximo de diez horas. También podrá realizar controles y requisas cuando la inteligencia criminal detecte riesgos vinculados a delitos federales.
Con esta medida, el Ejecutivo busca modernizar la estructura de seguridad federal y profundizar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
