Cláusula gatillo: el Gobierno apeló al fallo que ordena su restablecimiento
Este viernes 31 de octubre, el gobierno provincial solicitó la intervención del Superior Tribunal de Justicia tras la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Como se había anticipado desde el Ejecutivo provincial, la Fiscalía de Estado apeló formalmente al fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia donde ordenaba el restablecimiento del pago de la Cláusula Gatillo. Ahora, quedará esperar que el Superior Tribunal de Justicia analice la presentación y resuelva al respecto.
El fallo en cuestión tiene fecha del 20 de octubre y fue firmado por Sebastián Andrés Cóceres y Silvia Cristina Suárez. Surge a raíz de un recurso de amparo presentado por el sindicato Federación SITECH. El escrito instaba al gobierno provincial a restablecer, en un plazo de 60 días, el mecanismo de actualización salarial conocido como "Cláusula Gatillo", cuyo pago fue suspendido meses atrás.
Al tomar conocimiento de la medida, la Provincia anticipó que apelaría la decisión judicial, planteando que la sentencia "excedía competencias judiciales". En ese marco, fuentes oficiales explicaron que avasallaría facultades que son propias del poder legislativo, ya que la creación de rubros salariales se hace por ley.
En el escrito, firmado por el fiscal Herlein, consideran como "arbitraria, ilegítima e inconstitucional" la decisión de la Cámara de Apelaciones, ya que impone un sistema salarial "sin base legal ni previsión presupuestaria".
"La política salarial es una atribución discrecional del Ejecutivo y del Legislativo, no sujeta al control judicial salvo en casos de arbitrariedad manifiesta", sostiene el texto presentado ante el STJ. En este sentido, señalaron que los jueces laborales "invadieron potestades propias del Poder Ejecutivo y del Legislativo".
En este marco, se solicitó que se declare inconstitucional este fallo, sosteniendo que además implicaría un impacto significativo y pondría en riesgo la estabilidad en las cuentas de la provincia. "No existe previsión legislativa ni fondos disponibles para reactivar la cláusula gatillo", indica la presentación.
Por último, la Provincia insiste en que cualquier modificación salarial debe aprobarse por ley y no puede imponerse mediante una decisión judicial.
