La Cámara Federal ratifica la investigación contra empresarios chaqueños por corrupción
La Justicia desestimó los recursos de la defensa y confirmó que sigue adelante la megacausa por presuntas irregularidades en adjudicación de tierras y beneficios industriales.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un nuevo recurso de los abogados de Mauricio Ariel Cian, Leandro Nicolás Bessone y Federico Storti, en la megacausa que investiga corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculados a tierras fiscales y beneficios productivos durante la gestión del gobernador Jorge Capitanich.
El tribunal, integrado por las juezas Patricia Beatriz García (subrogante) y Rocío Alcalá, junto al secretario Juan Mateo Dijou, consideró que los planteos eran una reedición de argumentos ya analizados y que no existía un "gravamen irreparable" que justificara una nueva revisión.
Qué argumentaba la defensa
Los empresarios, vinculados a las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habían cuestionado que la acusación fiscal fuera "vaga e imprecisa". Según sus abogados, no se detallaba el origen de los fondos ilícitos, el monto del dinero irregular ni las razones por las cuales se los considera testaferros.
También sostuvieron que la solicitud de beneficios económicos para una planta de semillas no constituye un acto ilícito y que la Fiscalía no especificó modo, fecha ni destino final de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilegítima.
La Justicia respalda la continuidad de la causa
La jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña ya había rechazado esos cuestionamientos el 26 de septiembre, al considerar que los planteos no aportaban elementos nuevos respecto de un incidente de nulidad anterior presentado por Marta Soneira ex Ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial durante la gestión Capitanich y otros imputados.
La Cámara recordó que los hechos imputados "fueron descritos con el suficiente detalle exigido por los artículos 188 y 195 del Código Procesal Penal de la Nación". Además, en agosto de 2025, había avalado la validez del requerimiento de instrucción fiscal presentado por el fiscal Carlos Amad, consolidando la causa y otorgando cosa juzgada formal.
El tribunal también destacó que la defensa mantiene todas sus facultades de control, contradicción, producción de prueba y eventual replanteo de nulidades, por lo que no se advierte un agravio irreparable que habilite la apelación.
Una causa de alcance político-empresarial
La investigación sigue adelante y apunta a un entramado político-empresarial que habría operado entre 2019 y 2023, beneficiando a allegados del gobierno provincial mediante tierras fiscales, testaferros y subsidios productivos, tras una denuncia de la Fundación Vida Silvestre.
El fallo, firmado el 21 de octubre de 2025, refuerza el rumbo de la causa por defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucra a exfuncionarios y empresarios del sector agroindustrial chaqueño.
