Una familia de Sáenz Peña, al borde del desalojo tras años de litigio judicial
Denuncian maniobras irregulares en una causa iniciada en 2015. Reclaman que se revise el fallo.
La familia Ojeda vive una pesadilla judicial que podría dejarlos en la calle, luego de habitar durante más de cinco décadas una vivienda ubicada sobre calle 11 entre 24 y 26 de Presidencia Roque Sáenz Peña.
El conflicto comenzó en 2015, cuando un abogado, en representación de una mujer llamada María Seniquel, inició una causa de reivindicación del inmueble, alegando ser la legítima propietaria.
Tatiana Ojeda, una de las residentes, asegura que su familia ocupa el inmueble desde los años 70, luego de que el primo de su abuelo —entonces dueño— les cediera la propiedad de palabra antes de regresar a Corrientes, donde falleció. "En esa época, cuando alguien te daba su palabra, valía más que cualquier papel", afirmó.
La familia contaba con documentación catastral que respaldaba su permanencia en el lugar, pero esos papeles se perdieron en un incendio en las oficinas de Catastro, lo que debilitó su defensa legal. Desde entonces, el proceso judicial ha estado plagado de complicaciones y controversias.
En 2022, una orden de desalojo estuvo a punto de ejecutarse, pero fue suspendida a último momento. "Desde entonces seguimos aquí, pero sin certezas. Nos dejaron acceder a la causa, pero rechazaron todas nuestras pruebas", lamentó Ojeda. La causa está en manos del Juzgado Civil y Comercial N° 1, a cargo de la jueza Mónica Marisel Filipchuk, quien avaló la validez de los documentos presentados por la otra parte.
Tatiana también denunció irregularidades en esos documentos, afirmando que uno de ellos incluye un número de DNI anterior a la fecha en que ese sistema de identificación comenzó a utilizarse en el país.
Además, recordó que el primer juez que intervino en el expediente fue Pedro Alejandro Juárez, quien fue destituido en 2017 por presuntas irregularidades judiciales en el marco del escándalo conocido como la "mafia de las tierras".
Según la vecina, no existe ningún vínculo familiar entre María Seniquel y el antiguo propietario del inmueble. "Solo comparten el apellido, algo que no es raro en este tipo de maniobras", advirtió.
Actualmente, nueve personas integran el grupo familiar que aún reside en la vivienda, mientras enfrentan la angustia de una posible pérdida definitiva de su hogar. Piden que la Justicia revise el caso y les permita presentar nuevamente sus pruebas.
"Solo queremos que nos escuchen y que se respete la historia de nuestra familia", concluyó Ojeda.
