El caso del Colegio Politécnico Juan XXIII será revisado por la Corte Suprema
El conflicto judicial sobre la autonomía de las escuelas privadas confesionales y el derecho a la igualdad en la educación chaqueña llegó al máximo tribunal nacional.
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió conceder el recurso extraordinario federal presentado por la Diócesis San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña en el marco de la causa "Arregin, Mónica P. y Deniz Rosa M. c/ Instituto Politécnico Juan XXIII s/ acción de amparo y medida cautelar".
Cabe recordar que el caso del Instituto Politécnico Juan XXIII surgió a partir de una acción de amparo presentada por dos madres que cuestionaron el modelo educativo diferenciado de la institución, dependiente de la Diócesis de Sáenz Peña, solicitando que sus hijas mujeres pudieran cumplir sus estudios en dicha institución, hasta ese momento únicamente para varones.
La Cámara Primera en lo Criminal, a cargo del juez Rodolfo Lineras, les dio la razón y rechazó el recurso de la Diócesis, que defendía la autonomía de los colegios privados confesionales para organizar su proyecto educativo según su ideario.
RECURSO FEDERAL
La presentación fue realizada por el abogado Oscar E. Olivieri, con patrocinio de Roberto Carlos Pugacz y Cristian Ignacio Arana, contra la sentencia N° 288/25 del propio STJ, que había rechazado un recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto previamente.
Desde la representación de la Diócesis se alegó que el fallo cuestionado vulnera derechos constitucionales vinculados a la libertad de enseñanza, la autonomía de las instituciones privadas de gestión confesional y el derecho de propiedad sobre el ideario educativo. Además, sostuvieron que se trataba de un "caso federal" porque involucra directamente la interpretación de normas constitucionales y compromisos internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
El tribunal chaqueño, al evaluar la admisibilidad del planteo, entendió que las causales invocadas revisten "cuestión constitucional suficiente" y, en consecuencia, resolvió elevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su tratamiento.
La resolución fue firmada por los jueces Alberto Mario Modi, Iride Isabel María Grillo, Emilia María Valle y Víctor Emilio Del Río, junto con la secretaria de trámite Nélida Ester Arévalo.
