Oposición avanza dividida con la reforma de los DNU y el gobierno podría vetarla
El proyecto ya tiene media sanción del Senado. La ley permite un plazo de 90 días para que el Congreso trate cada decreto y exige su aprobación por ambas cámaras para su vigencia.
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, la oposición logró avanzar este martes con un dictamen de mayoría que impulsa una profunda reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca limitar significativamente el uso de esta herramienta por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, las diferencias internas entre los bloques opositores dejaron al oficialismo con margen para sostener un eventual veto presidencial.
El dictamen fue respaldado por Unión por la Patria (UxP), el bloque radical disidente Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda. La Coalición Cívica, en cambio, presentó su propio texto, mientras que el PRO y la UCR evitaron firmar cualquier dictamen, reflejando su incomodidad con el momento y el alcance de la reforma. Los libertarios, por su parte, firmaron un dictamen de rechazo.
El proyecto modifica de forma clave la ley 26.122. Actualmente, un DNU queda vigente salvo que ambas cámaras del Congreso lo rechacen explícitamente. La nueva redacción invierte esa lógica: establece un plazo de 90 días para que el Congreso trate cada decreto y exige su aprobación explícita por parte de ambas cámaras para que sigan vigentes. Si no se tratan en ese plazo, los decretos caen automáticamente.
De aprobarse, el sistema pasaría de un esquema que favorece al Ejecutivo a uno que obliga a construir consensos parlamentarios sólidos. En la práctica, los gobiernos en minoría —como el de Javier Milei— perderían la herramienta de los DNU como mecanismo de gestión unilateral.
Durante los últimos años, el PRO impulsó una docena de proyectos para reformar esta ley, criticando el régimen aprobado en 2006 durante el kirchnerismo por otorgar demasiado poder al Ejecutivo.
Sin embargo, ahora optó por la cautela. "En el Senado se fueron a la mierda", dijo en reserva una diputada del PRO, que advirtió que los plazos deberían ser más amplios para permitir una "negociación en serio" y que cualquier cambio debería regir desde el 2028. "No les creo la vocación republicana a los kirchneristas", sentenció.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Nicolás Mayoráz acusó a la oposición de intentar "arrinconar" al gobierno de Milei con normas que limitan su capacidad de acción en el Congreso.
La fecha para la sesión en la que se tratará el proyecto aún no está definida, y en el Congreso ya descuentan que, en caso de ser aprobado, el presidente Milei lo vetará, pese a que no tiene impacto fiscal. La estrategia de insistencia, en ese escenario, se postergaría hasta después de las elecciones.
"Cuando empecemos el debate del Presupuesto, vamos a definir el temario de la próxima sesión. Pero primero necesitamos saber si los gobernadores van a confirmar que el Gobierno no les dará recursos", explicó un legislador de centro. La tensión se traslada ahora a las negociaciones políticas y a un clima parlamentario que, como reconocen algunos diputados, podría cambiar drásticamente en los próximos meses.
