Pidieron embargar $ 1.300 millones de la coparticipación chaqueña por incumplimiento
Un nuevo capítulo se abrió en la disputa judicial por la asistencia a comunidades originarias. La defensora general adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, solicitó este jueves al juez Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Jorge Mladen Sinkovich,que se embarguen fondos de la coparticipación provincial hasta cubrir $ 1.374 millones en concepto de astreintes.
El reclamo se originó en diciembre de 2024, cuando la Defensoría interpuso un amparo para exigir ayuda urgente a comunidades del interior, al que luego adhirió el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) en representación de la comunidad wichí. A comienzos de este año, la Justicia impuso a la provincia una multa diaria de $ 85,9 millones por incumplimiento de una medida cautelar, lo que representa más de $ 2.500 millones al mes.
La Fiscalía de Estado apeló esa resolución al considerar que la sanción era "desproporcionada e improcedente", ya que el Gobierno viene cumpliendo con asistencia alimentaria y sanitaria, entrega de medicamentos, obras de agua potable, apoyo a comedores, becas y proyectos educativos interculturales.
El fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, expresó a Diario TAG que el pedido de embargo "genera sorpresa y preocupación" y advirtió que podría poner al Estado en una "situación de vulnerabilidad económica con consecuencias incalculables". También remarcó que la Provincia ya presentó informes detallados y ofreció la presencia de funcionarios en una mesa de trabajo con el IDACH, para atender de manera conjunta la gran demanda de las comunidades originarias.
Herlein insistió en que el objetivo debe ser "la pacificación" y no la escalada del conflicto, y subrayó que cualquier medida que afecte la coparticipación provincial repercutirá directamente sobre el presupuesto destinado a cubrir necesidades básicas.
Ahora, el juez Sinkovich deberá resolver el pedido de embargo presentado por la Defensoría. En caso de rechazar la apelación de la Fiscalía de Estado, el expediente será girado a la Cámara de Apelaciones. Hasta entonces, el Ejecutivo se mantiene a la espera de la decisión judicial mientras insiste en la vía del diálogo para encontrar una salida.
