Capitanich declaró y trató las adjudicaciones de tierras como una "obligación legal"
El ex gobernador y candidato a senador por Fuerza Patria declaró por Zoom ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña por la supuesta entrega irregular de tierras durante su gestión. En un escrito, refutó las acusaciones de la fiscalía, pidió "sensatez" a la Justicia y que esta "no actúe con parcialidad política".
En la audiencia que tuvo lugar este martes, Jorge Capitanich aseguró que el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, "con el objetivo de acusarme penalmente, inventa un hecho ilícito, elige pruebas que se ajustan a su ‘invención’, fragmentando la realidad y descartando las que la contradicen, para justificar la permanencia de la causa en el fuero federal".
Afirmó que el fiscal tiene un "desconocimiento supino del funcionamiento de la administración pública, los institutos autárquicos, el rol de cada funcionario, los mecanismos de control, el manejo de fondos y las leyes vigentes, ya que da por cierto un texto de una carilla y media presentado en abril del año pasado, una denuncia descabellada de la dirigente radical Marilín Canata".
En su detallado informe, Capitanich explicó la naturaleza de su intervención como gobernador en la adjudicación de tierras. "El gobernador lo único que hace es ratificar las adjudicaciones, que son facultad exclusiva del Instituto de Tierras, cuando las mismas superan las 300 hectáreas. Esto no es una opción del gobernador, es una obligación legal". Además, dijo que "en el proceso intervinieron más de media docena de órganos de control".
Respecto al supuesto lavado de activos —adquisición de un bien de origen ilícito para luego introducirlo al mercado como legítimo—, advirtió que "los inmuebles cuestionados permanecen aún en el patrimonio del Estado. Estamos siendo acusados de una transferencia inexistente: las tierras siguen a nombre de la provincia del Chaco. No hubo ninguna transferencia de dominio. Por lo tanto, no existe el lavado de activos. Una irracionalidad total".
En el mismo sentido, precisó el marco legal del Régimen de Promoción Industrial y la adjudicación de tierras en el marco del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y aseguró que las "empresas beneficiarias recibieron exenciones impositivas, reducción de costos de servicios y crédito fiscal por las inversiones. También en esos casos intervienen distintos órganos de control, en un régimen que ha beneficiado a más de 200 empresas entre 1999 y 2023".
En tanto, recordó que fue sometido al juicio de residencia y rendición de cuentas ante los organismos de control provinciales y nacionales. "Ninguno de estos controles arrojó irregularidad alguna", afirmó.
"Se me imputa formar parte de una organización criminal por firmar decretos y otorgar tierras, pero no existe una sola pieza probatoria que abone semejante teoría. Las pruebas aportadas por mi parte han sido sistemáticamente desconocidas, violando mi derecho a defenderme", señaló e insistió en la "falta de objetividad procesal".
