Caso Melchiori: cronología de los hechos y las últimas novedades en la causa
Daniel Augusto Melchiori era jefe de la comisaría de Taco Pozo y es hoy protagonista de un escenario complejo con denuncias cruzadas y varias acciones en el plano institucional y en el judicial. En detalle, la cronología de los hechos que se difundieron y que lo involucran.
17 DE AGOSTO
La Fundación Todo Por Todos de Córdoba realizaba un operativo sanitario en Taco Pozo. La presidente de la organización, Viviana Yzaguirre, denunció a Daniel Augusto Melchiori por agresiones, amenazas y detenciones ilegales a médicos voluntarios que estaban en el lugar. Los hechos fueron por la mañana de ese domingo y quedaron registrados en distintos vídeos que fueron difundidos en redes sociales.
Ese mismo día, y al trascender públicamente lo sucedido, la Jefatura de Policía del Chaco decidió intervenir la Comisaría de Taco Pozo y designó al comisario inspector José Luis Gómez.
18 DE AGOSTO
La presidente de la Fundación Todo por Todos, con auspicio de dos abogadas locales, presentó un habeas corpus con el fin de que el agente policial sea investigado por los hechos denunciados.
El juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, Rodolfo Gustavo Lineras, dio lugar a este pedido. También solicitó, en un término de 24 horas, que el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos informen sobre el estado procesal de las denuncias efectuadas y que el Órgano de Control Institucional (OCI) informe si existe investigación administrativa en curso respecto a Melchiori.
Por último, prohibió la presencia, acceso y desempeño funcional en la comisaría de Taco Pozo del comisario.
FINES DE AGOSTO
Según señalaron diversas fuentes, existían al menos 20 denuncias previas y tres sumarios administrativos contra Melchiori por hechos de violencia y abuso de poder desde que asumió la jefatura de la comisaría local, dos años atrás. Diario TAG tuvo acceso a varios casos.
Por un lado, sale a la luz un vídeo de un hecho violento registrado el 21 de mayo de este año. En las imágenes se puede ver cómo Melchiori desciende de una camioneta y ataca a un agente. Todo quedó registrado por las cámaras instaladas en la zona.
El vehículo es una camioneta Toyota SW4 que había sido secuestrada en una causa de lavado y debía estar resguardada en el patio de la comisaría.
El agente agredido afirmó que, además de ser atacado, fue amenazado de muerte, al igual que su pareja, quien se desempeña como numeraria en la comisaría de la localidad.
Luego trascendió la denuncia que realizó una comerciante de la localidad los primeros días de agosto. Acusó a Melchiori por un supuesto apremio ilegal, luego de haber sido víctima de un robo.
Según relató la mujer, permaneció más de cuatro horas detenida y, mientras estaba allí, vio ingresar a la persona que le robó y que estaba en libertad. Por su parte, la pareja de la denunciante, según consta en el escrito, estuvo detenido nueve días sin motivos aparentes.
2 DE SEPTIEMBRE
Se llevó adelante la primera audiencia del habeas corpus solicitado por los médicos de la Fundación Todo por Todos. La misma fue encabezada por el juez Lineras.
Fueron citados a declarar la directora de la fundación, Viviana Yzaguirre; la médica María Candelaria García Nebbia, quien resultó detenida durante el hecho; y el coordinador Manuel Linares. También fueron convocados el fiscal Marcelo Soto, la jueza de Paz de Taco Pozo, Silvia Arias, y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
En su declaración, Yzaguirre expuso su malestar por lo sucedido y por la inacción judicial e institucional, señalando que Melchiori seguía en el lugar "como si nada hubiera pasado".
Otro punto crítico fue el testimonio de una mujer que aseguró haber visto y filmado a Melchori dentro del predio de la comisaría, pese a tener una orden judicial que le prohíbe el ingreso. El vídeo de la situación fue compartido y confirmó la violación de la medida.
3 DE SEPTIEMBRE
En la segunda audiencia, el juez Lineras dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento por seis meses contra el comisario. La resolución alcanza a dos abogadas, a la jueza de Paz de Taco Pozo y a una ciudadana local, y se amplió también a la dependencia policial de esa localidad.
En la medida, el magistrado dispuso que Melchiori deberá mantenerse a una distancia no menor a 500 metros de las mujeres involucradas, tanto en Taco Pozo como en Sáenz Peña, y se le prohíbe establecer contacto por cualquier medio. Asimismo, ordenó a la Policía del Chaco impedir que el oficial porte armas de fuego mientras dure la medida.
4 DE SEPTIEMBRE
El Jefe de la Policía del Chaco dispuso el traslado del comisario principal Daniel Augusto Melchiori desde la comisaría de Taco Pozo al Departamento de Reunión de Información Criminal – Interior, con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña. La medida se enmarca en "razones de servicio", según lo establece la normativa vigente.
Este mismo día, la hija de Melchiori, una joven de 18 años, denunció haber sido amenazada en la vía pública en Taco Pozo.
5 DE SEPTIEMBRE
La Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Sáenz Peña, a cargo del doctor César Collado, inicia la investigación por la instalación de una cámara de videovigilancia en una vivienda lindante con la comisaría de Taco Pozo desde donde se habría registrado el incumplimiento de acercamiento de Melchiori.
La cámara había sido colocada en una ventana en la casa donde reside un párroco local. El equipo habría sido instalado por un matrimonio que mantendría conflictos previos con el comisario y también serían las responsables por las amenazas a su hija.
En este caso, la investigación busca determinar si la instalación afectó el funcionamiento del servicio de seguridad pública, ya que apunta a una zona sensible donde habitualmente se reúne personal policial y se preparan móviles para allanamientos, operativos antidrogas o controles de ruta.
Por otro lado, el comisario Melchiori denunció en la misma Fiscalía a la jueza de Paz de Taco Pozo, Silvia Elena Arias. Señaló que habría intentado comunicarse con él pese a que existe una medida de restricción que le impide mantener contacto directo o indirecto con la magistrada.
El agente interpretó esos intentos como un plan para "atraparlo" y luego denunciarlo por desobediencia judicial. La denuncia fue elevada a la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, a cargo del juez Gustavo Rodolfo Lineras, por disposición del fiscal de turno.
