Descartan espionaje ilegal, pero evalúan imputar a quienes filmaron la comisaría
La Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Sáenz Peña, a cargo del doctor César Collado,investiga la instalación de una cámara de videovigilancia en una vivienda lindante con la comisaría de Taco Pozo, con vista directa a un sector sensible de la unidad policial.
Según explicó el fiscal a Diario TAG, la pesquisa se inició de oficio el jueves 4 de septiembre alrededor de las 16:00, tras la difusión en medios digitales de la presencia del dispositivo en la parte trasera de la comisaría, donde habitualmente se reúne personal policial y se preparan móviles para allanamientos, operativos antidrogas o controles de ruta.
La cámara había sido colocada en una ventana tipo banderola del baño de una vivienda ubicada sobre calle Belgrano, donde reside el párroco local José Luis Steerman (58). El sacerdote declaró que el equipo fue instalado por un matrimonio que identificó ante las autoridades, quienes le habrían solicitado permiso bajo el argumento de cuestiones de seguridad. Aseguró además no tener acceso al manejo del dispositivo ni conocer a los operadores.
El sacerdote entregó la cámara de manera voluntaria y se labró un acta de secuestro. El peritaje preliminar determinó que se trataba de un dispositivo operado en forma remota, sin memoria interna y controlado mediante una aplicación, lo que limita la obtención de pruebas.
"El objetivo de esta Fiscalía es determinar si la instalación afectó o no el normal funcionamiento del servicio de seguridad pública. No hablamos de espionaje, como se difundió en la prensa. Nos interesa saber si se vulneró el accionar policial en una zona operativa", aclaró Collado.
El fiscal también señaló que las personas señaladas como responsables mantienen conflictos previos con el comisario Augusto Daniel Melchiori, e incluso fueron procesadas recientemente por incendio y hurto en la jurisdicción. Además, estarían vinculadas a una denuncia por amenazas contra la hija del jefe policial, ocurrida el 3 de septiembre.
Según la investigación, estas mismas personas habrían difundido un video tomado desde la cámara secuestrada, en el que se observa a Melchiori en el patio de la comisaría. También habrían promovido recursos judiciales como hábeas corpus y restricciones de acercamiento contra el exjefe, medidas que —según Collado— estarían incumpliendo.
"La misma persona que pidió una restricción ahora la estaría violando, hostigando, grabando e incluso gritándole cosas al comisario. Por eso evaluaremos la afectación real y el contexto del conflicto", agregó.
Por el momento, la Fiscalía no imputó a los presuntos responsables ni ordenado nuevas medidas, ya que analiza las actuaciones recibidas y estudia si corresponde intervenir o derivar el caso al Juzgado de Paz y Faltas de Taco Pozo.
"Nos mantenemos objetivos. Nuestro deber es evaluar si hubo delito y si se comprometió la seguridad pública, más allá de los conflictos personales o institucionales que puedan existir", concluyó Collado.
