El Gobierno frenó las bajas de pensiones por discapacidad mientras dure la auditoría
El Gobierno nacional decidió suspender las bajas de las pensiones por discapacidad mientras se desarrolla una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que fue intervenido tras la difusión de audios de su entonces director, Diego Spagnuolo, en los que reconocía presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.
La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien reporta semanalmente a la Casa Rosada sobre el reordenamiento del organismo.
Hasta ahora, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones, de las cuales:
- 110.522 correspondían a beneficios otorgados de manera irregular,
- 8.107 eran de personas fallecidas,
- 10.038 fueron renuncias voluntarias.
Tras la polémica, el Gobierno no solo detuvo el proceso de depuración, sino que también revisará las bajas ya realizadas. "Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir", explicó una fuente cercana a Lugones.
Mientras dure la intervención, no se enviarán nuevas citaciones ni se harán controles presenciales sobre los más de 1.013.000 beneficiarios vigentes.
En paralelo, el Ejecutivo dejó sin efecto por ahora la propuesta de transformar a la ANDIS en un área del Ministerio de Salud, dado que el Gobierno ya no cuenta con las facultades delegadas que otorgaba la Ley Bases y cualquier cambio deberá pasar por el Congreso.
La decisión se conoció horas después de que el Senado revirtiera un veto presidencial y declarara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. La norma reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles y compensaciones económicas.
La votación obtuvo 63 votos a favor —con apoyo del kirchnerismo, parte del radicalismo, el PRO y bloques provinciales— y solo siete en contra. Desde el oficialismo ya adelantaron que el presidente Javier Milei planea judicializar la medida por considerarla un riesgo para el equilibrio fiscal.
