ADEPA cuestionó el fallo que prohíbe difundir audios de Karina Milei
La entidad advirtió que la medida judicial constituye censura previa y afecta la libertad de expresión.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó el fallo de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe difundir audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La entidad remarcó que la decisión "limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa".
"La reciente sentencia es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que restringen ilegítimamente la libertad de prensa", señaló ADEPA en un comunicado difundido este martes. La organización recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que, salvo casos que involucren a niños o adolescentes, "cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo a la libertad de expresión".
El pronunciamiento se conoció luego de que la Justicia hiciera lugar a una cautelar pedida por el Gobierno, que denunció una presunta "operación de inteligencia ilegal" para desestabilizar al país en plena campaña electoral mediante la filtración de grabaciones en la Casa Rosada.
"La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión", escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, al difundir la resolución.
En su comunicado, ADEPA subrayó que las publicaciones periodísticas solo pueden generar responsabilidades ulteriores y no pueden ser objeto de censura previa. "El gobierno puede investigar y sancionar los delitos vinculados a la obtención de los audios o a funcionarios que hayan violado deberes de secreto, pero no impedir la difusión de información de interés público", sostuvo la entidad.
La denuncia del Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Seguridad y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12. Entre los señalados figuran el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se investiga como posibles integrantes de una red destinada a manipular audios con fines políticos.
"ADEPA considera que las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional, y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de relevancia pública", concluyó la organización.
