Sueldos irregulares: los casos que iniciaron la investigación de Educación
En una conferencia de prensa, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, mencionó que hay más de 10 casos investigados por la Justicia por el supuesto pago de sueldos a personas que habían fallecido o que ni siquiera estaban en el país. Estas irregularidades ocasionarían un perjuicio de 400 millones de pesos por mes al Estado.
Una fuerte investigación sacudió al Ministerio de Educación tras descubrir cerca de 15 casos en los que se pagaban sueldos a personas que no cumplían funciones docentes, no residían en el país o directamente ya habían fallecido. La información fue dada a conocer por la titular de la cartera quien confirmó que los hechos se remontan a gestiones anteriores y que comenzaron en el año 2006.
En este sentido, la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, detalló que los principales casos se registraron en Corzuela, Colonias Unidas, Puerto Vilelas, Quitilipi, Campo Largo y Resistencia. "Por lo menos tenemos 15 casos detectados y tenemos las informaciones sumarias iniciadas. Algunas ya directamente con sumario administrativo", comentó.
Por su parte, Naidenoff expuso que "todo comenzó con la denuncia de un rector de un instituto, en donde ponía en conocimiento al director de Educación Superior, a través del sistema electrónico, mediante una actuación electrónica, que había determinadas personas que aparecían en su planta funcional, es decir, aparecían como docentes de su escuela" y que "él no los conocía y nunca les había dado de alta".
"Él pone eso en conocimiento, nosotros, de allí en más, averiguamos quiénes son esos docentes y ahí surge, por ejemplo, una persona que después constatamos que también figuraba en Makallé, que no había trabajado nunca", agregó la ministra, señalando que a esa persona se le habían depositado sueldos y que incluso alguien los había cobrado.
Eso no fue todo: la ministra también resaltó que en Corzuela una persona que había sido dada de baja por fallecimiento en el año 2019 comenzó a cobrar nuevamente su sueldo en 2023.
Ante estos casos, desde Educación desplegaron los procesos administrativos correspondientes y libraron los sumarios e investigaciones para desmantelar estas redes fraudulentas. "Nosotros tenemos los nombres de quienes cargaron esas liquidaciones. Nosotros investigamos, detectamos los nombres, los pusimos a consideración de la justicia".
Asimismo, Naidenoff explicó que todas estas situaciones corresponden a escuelas de gestión estatal, es decir, escuelas públicas.
PRIMEROS CASOS
Según explicaron en la conferencia, los hechos se remontan a los años 2005-2006, en medio del cambio del plan de escuelas secundarias, que pasaron de ser "comunes" a "polimodales". En ese marco, se crearon proyectos destinados a docentes con nombres y apellidos.
"Resulta que esas resoluciones, con esa cantidad de horas afectadas, debieron darse de baja y no se dieron de baja. Se tomaron esas resoluciones para nombrar gente que está distribuida en distintos lugares de la provincia y que en realidad está cumpliendo tareas administrativas", expresaron.
A lo que agregaron: "Y lo peor es que esas designaciones no se hicieron como corresponden, sino que las hicieron funcionarios políticos como subsecretarios o directores de recursos humanos. En eso, nosotros tenemos calculado hasta ahora unos 400 millones de pesos mensuales".
"Ahora, con respecto al ordenamiento que nosotros hacíamos, había una serie de proyectos especiales, es decir, centros de educación física, escuelas para adultos que estaban en manos de gremios no docentes y los centros de educación física en manos de los intendentes. Por supuesto, del signo político del gobierno anterior, entonces nombraban a profesores o no profesores, muchas veces no docentes, para que trabajaran en los centros de educación física", cerraron.
