Wichís denuncian auditorías sociales "inviables" y piden un régimen de excepción
Comunidades indígenas advierten que los traslados y costos para cumplir con controles de programas sociales son imposibles de afrontar.
Representantes del pueblo wichí del Impenetrable chaqueño reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales la suspensión de auditorías y controles aplicados a beneficiarios de programas sociales como ANDIS y PAMI. Consideran que las exigencias actuales son "desproporcionadas e inviables" para familias que viven en condiciones de extrema pobreza y aislamiento.
Según detallaron, muchos beneficiarios, personas con discapacidad y adultos mayores, son citados a audiencias que implican viajar hasta 200 kilómetros, en ocasiones hacia ciudades como Juan José Castelli. "Un viaje puede costar alrededor de 50 mil pesos por persona solo de ida, sin contar alojamiento, comida y medicamentos", denunciaron.
El documento difundido por caciques y referentes del pueblo wichí advierte que la falta de transporte, los caminos precarios y la ausencia de información en lenguas originarias agravan la situación. "No es que nos neguemos a los controles, pero estas auditorías desconocen nuestra realidad y terminan castigando a los más vulnerables", expresaron.
El reclamo incluye la creación de un régimen de excepción adaptado a la realidad cultural y geográfica de las comunidades, junto con políticas de acompañamiento intercultural. "Las medidas actuales representan una forma de violencia institucional y provocan miedo, estrés y la pérdida de derechos adquiridos", concluyeron.
