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Viernes 5 de Diciembre, 2025
 
 
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En menos de dos años

Tres sumarios y 20 denuncias: los antecedentes del Comisario de Taco Pozo

El comisario Daniel Augusto Melchiori fue separado de su cargo tras estar implicado en una agresión a un grupo de médicos de Córdoba. 

Comisario Augusto Melchiori.

Un grave hecho de violencia se registró en la localidad de Taco Pozo, donde el comisario local, en aparente estado de ebriedad, habría golpeado y detenido a un médico perteneciente a la organización de fines de lucro "Todo Por Todos". A raíz de este episodio, desde la Jefatura se resolvió intervenir la comisaría e iniciar el sumario correspondiente.

Este caso no sería un hecho aislado. Según expresaron los médicos de la fundación, el comisario acumula cerca de 20 denuncias en menos de dos años al frente de la dependencia. "Lo más triste es ver cómo conviven con esta opresión desde hace años. Este comisario lleva apenas dos años en Taco Pozo y ya acumula más de veinte denuncias", señaló uno de los voluntarios.

En diálogo con Diario TAG, el titular del Organismo de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, confirmó que, con el incidente ocurrido ayer, Melchiori suma tres sumarios administrativos desde que asumió en la unidad. "Un par de veces se bajó en Taco Pozo, ya se tramitó una acción sumaria y se tomaron denuncias de vecinos. De hecho, también tuvo participación la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña. También, hubo un segundo sumario por otras denuncias, en donde ya estuvo un tiempo separado del cargo", explicó. La tercera investigación se abrió este domingo tras el conflicto con los profesionales de salud.

Asimismo, aclaró que antes de que sea designado en Taco Pozo, "el OCI no intervino en casos relacionados a Melchiori". Aun así, Urturi aclaró que, "pudo haber causas en las que solo intervino la supervisión de Zona". 

También recordó que el organismo puede disponer, de manera preventiva, la suspensión de los oficiales implicados por hasta 20 días: "Esto es preventivo, para garantizar el curso de la investigación", explicó.

ANTECEDENTES

En una intervención anterior, el OCI ya había investigado al comisario por presunto consumo de cocaína, a partir de un hecho ocurrido en junio. En ese caso, el acusado se realizó un análisis que arrojó resultado negativo. 

A la vez, el comisario ya había quedado en el centro de denuncias en mayo de este año, cuando fue acusado de golpear y amenazar de muerte a un subalterno, además de supuestamente utilizar un vehículo secuestrado vinculado a una causa de lavado de activos.

En ese sentido, la abogada Adriana De Langhe, presentó una serie de escritos a las autoridades correspondientes denunciando al comisario, en primera instancia, por insultos, malos tratos y amenazas hacia el personal policial. Seguido, en el documento presentado destacó: "Con el pasar de los meses ya se transformaron en detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, torturas". 

Según el texto, las autoridades judiciales pudieron comprobar:  que el comisario falseó datos en actas de procedimientos que hizo, poniendo como testigo una persona que no existe, por ejemplo. (Esto fue informado por el RENAPER, Registro Nacional de las Personas); Comprobaron que hizo detenciones ilegales, que llevó personas detenidas teniéndolas 5 días en comisaría sin poner en aviso de ninguna autoridad competente cuando eso es su deber como funcionario público; se comprobó que gente detenida fue golpeada y maltratada, además de amenazada. (esto lo pudo comprobar el médico forense de Sáenz Peña al revisarlos, dejando constancia que las lesiones datan de la fecha en que estuvieron detenidos) 

Asimismo, detalló que se "comprobó que usó vehículos que forman parte de secuestros en la comisaría y esto es ilegal ya que él no puede disponer y hacer uso de bienes de particulares que están sujetos y a disposición de un tribunal competente; se probó que arma causas por contrabando y se desarman cuando son elevadas al juzgado federal porque es todo falso, para esto ya le secuestra vehículos y mercadería a la gente generando un daño enorme; se comprobó que arma expedientes policiales que no los eleva a ninguna autoridad competente (Fiscalía o Juzgado de Paz)". 

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