Milei y la decisión tras la derrota: el veto presidencial es la primera herramienta
Luego de que el Congreso sancionara las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei confirmó su decisión de vetarlas. El Ejecutivo analiza tres caminos posibles: mantener el veto, recurrir a la Justicia o negociar con los gobernadores.
La principal opción del Gobierno es el veto presidencial, una atribución establecida por la Constitución. El oficialismo buscará asegurar al menos un tercio de los votos en alguna de las cámaras del Congreso para evitar que se insistan las leyes aprobadas.
La experiencia previa en 2024, cuando Milei vetó la movilidad jubilatoria, demostró que alianzas puntuales y ausencias opositoras pueden permitir sostener el veto.
LA VÍA JUDICIAL COMO ALTERNATIVA
En caso de que el Congreso logre los dos tercios necesarios para ratificar las leyes, el Gobierno baraja la posibilidad de judicializar el proceso legislativo, argumentando supuestas irregularidades en el procedimiento.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que esta estrategia carece de sustento legal una vez cumplidas las mayorías reglamentarias, lo que podría debilitar su eficacia.
RECOMPONER LA RELACIÓN CON LOS GOBERNADORES
La tercera opción que considera el Ejecutivo es retomar el diálogo con los gobernadores. Estos actores son clave en la votación de proyectos que afectan directamente a las finanzas del Estado nacional.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajó el tono de la confrontación y sostuvo que "siempre hay margen para el diálogo", destacando que no todos los mandatarios provinciales gestionan de la misma manera los recursos.
