Las empresas buscan reducir servicios y gremialistas preparan medidas de fuerza
Los empresarios de transporte señalaron que no pueden sostener los recorridos ni pagar los sueldos completos a los choferes, mientras que los gremialistas aún no fueron notificados, pero anticiparon posibles medidas de fuerza. Los usuarios por su parte desprotegidos.
La situación del transporte público en el Gran de Resistencia atraviesa un momento muy complicado, con un conflicto que parece difícil de resolver. En el medio de todo esto, miles de personas que dependen del colectivo para movilizarse y cumplir con sus responsabilidades diarias quedarían desprotegidas, ante el enfrentamiento de empresarios y gremios.
El viernes pasado, las empresas que operan las líneas de colectivos en la región presentaron un documento donde reclaman más fondos para poder prestar el servicio con normalidad. Aunque el texto no se conoció oficialmente, parte de su contenido se filtró en los medios de comunicación. En esencia, los empresarios señalan que con los recursos actuales no pueden sostener los recorridos ni pagar los sueldos completos a los choferes.
Desde que el gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador del Transporte, el ejecutivo de la provincia cubre mensualmente alrededor de 1.200 millones de pesos, que incluyen los boletos gratuitos para estudiantes y docentes. A esto se suman unos 400 millones que aún aporta Nación a través del programa Tarifa Social Federal, que otorga descuentos a jubilados y otros sectores vulnerables.
Crisis en el servicio
En el documento presentado por la UTE conformada por las empresas TCM y ERSA, se advierte que ya no pueden cumplir con las condiciones firmadas en las concesiones. Por eso, anticipan recortes en los servicios y posibles reducciones salariales a los choferes, ya que muchos dejarían de trabajar jornadas completas. Las empresas iniciaron un "proceso preventivo de crisis", una herramienta legal que permite buscar soluciones cuando la situación económica se vuelve insostenible.
Por su parte, el gremio de choferes, representado por Raúl Abraham, secretario general de UTA Chaco, señaló que aún no fueron notificados oficialmente, aunque están al tanto de lo que sucede. "La ley permite suspender por falta de tareas o por problemas económicos, pero las empresas deberán demostrar que realmente están en crisis", dijo Abraham. También advirtió que "si vemos que nuestros compañeros están en riesgo, vamos a iniciar medidas de fuerza. Esto empezó cuando se eliminaron los subsidios y ahora ya tocamos fondo, tal como lo veníamos advirtiendo".
Finalmente, el gremialista recordó que entre los años 90 y 2007, muchas empresas de transporte desaparecieron y de unos 1.200 trabajadores quedaron poco más de 100. "Cuanto más se dañe el servicio, más vamos a luchar para defender los puestos de trabajo", cerró.
