Educación defiende el acceso a la jubilación como un derecho social y constitucional
Esto se debe a los reclamos de los gremios docentes realizados en una conferencia de prensa en la mañana del lunes sobre la intimación de tramitar sus jubilaciones dentro de un plazo de cinco días para evitar las de oficio. Desde el ministerio garantizaron que es una medida "para defender los derechos de los trabajadores".
Ante el malestar expresado por algunos gremios docentes en cuanto a las intimaciones recibidas por agentes administrativos y docentes en condiciones de jubilarse, la cual decía que debían tramitar sus jubilaciones dentro de un plazo de cinco días para que no se deba efectuar las mismas de oficio, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia emitió un comunicado aclarando que dichas acciones se enmarcan en el cumplimiento estricto de la normativa vigente, y que su objetivo principal es garantizar el acceso al derecho jubilatorio, no vulnerarlo.
Desde la cartera educativa se recordó que se encuentra en plena vigencia la Ley Nº 808-H (ex 4044), la cual establece que los trabajadores del Estado que hayan cumplido con los requisitos legales —como edad, años de servicios y aportes— deben acogerse al régimen jubilatorio.
En ese sentido, se señaló que el Decreto Nº 2485/08 determina de manera clara el procedimiento de tramitación de la jubilación para el personal administrativo, estableciendo el carácter imperativo de este paso para quienes estén comprendidos en los parámetros legales.
Respecto al personal docente, se citó el Estatuto Docente (Ley 647-E), que consagra el derecho a la jubilación dentro del conjunto de derechos laborales y sociales reconocidos por la normativa.
"La notificación que reciben los agentes tiene como finalidad permitirles iniciar con tiempo y forma el trámite correspondiente. El Estado no actúa en perjuicio del trabajador, sino en defensa de un derecho social que está consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional", afirmaron desde el Ministerio.
Además, se aclaró que el Estado tiene la obligación de verificar de manera continua cuáles de sus agentes cumplen con los requisitos legales para jubilarse, y que esta tarea de control no implica una medida punitiva, sino la aplicación de una normativa que ha sido sancionada con el fin de proteger el futuro previsional de los trabajadores.
Con esta comunicación oficial, el Ministerio busca llevar tranquilidad a los agentes involucrados y reafirmar su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos laborales y previsionales.
