Reforma migratoria: endurecerán requisitos para la residencia y arancelarán servicios
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que el Gobierno publicará un DNU en el dónde incluirá más requisitos para la residencia a extranjeros en el país y deportación exprés.
El Gobierno nacional anunció este miércoles el lanzamiento de la reforma migratoria, la cual se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los próximos días.
La medida busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y arancelar servicios, como la salud, además pretende ampliar los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país.
La reforma fue anunciada por el presidente Javier Milei el pasado marzo durante la Apertura de Sesiones Ordinarias. En su discurso, el Presidente destacó la necesidad de realizar cambios en la política migratoria del país, argumentando que Argentina ha sido "un centro beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos". Según el mandatario, la reforma es un paso necesario para consolidar un país "serio".
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Uno de los puntos centrales del decreto es la propuesta de que los extranjeros no residentes deban pagar por el acceso a la salud pública. Pero, esta medida solo puede aplicarse en los hospitales nacionales, que son los que están bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, también se quiere implementar la expulsión de personas migrantes, medida impulsada principalmente por Patricia Bullrich su intención es aplicar nuevamente algunos aspectos de lo que fue su reforma impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri, que fue derogada por Alberto Fernández en 2021 luego de diversas acciones de amparo colectivo presentado por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Entre los puntos más cuestionados fue que la reforma imponía "restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes", en "contravención" de los estándares internacionales, citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser adoptadas mediante leyes formales del Poder Legislativo y no por actos administrativos; enfatizando que los procedimientos migratorios deben garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente en casos de expulsión o deportación.
Entre los puntos destacados de ese fallo fue la oposición al plazo de tres días establecido para interponer recursos administrativos y judiciales contra decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, considerado un procedimiento judicial insuficiente; así como la disposición que otorgaba exclusivamente a Migraciones la facultad de decidir sobre la reunificación familiar, sin posibilidad de revisión judicial.
Además, señaló que el decreto presentaba un "vicio de finalidad" al justificar sus medidas en una supuesta relación entre la migración y la criminalidad, particularmente con el narcotráfico.
