Aída Ayala vuelve a juicio por presunta defraudación al Estado
A un año de ser condenada por licitaciones irregulares en Resistencia, la exfuncionaria vuelve al banquillo acusada de defraudar al Estado durante la gestión de Mauricio Macri.
La exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Aída Ayala, enfrenta desde este miércoles un nuevo juicio oral por presunta defraudación al Estado, a un año de haber sido condenada por corrupción en la causa conocida como Lavado II.
En esta oportunidad, el proceso se centra en su desempeño durante el gobierno de Mauricio Macri, donde habría intervenido para beneficiar a un empresario aliado con fondos públicos.
La acusación, encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, sostiene que Ayala dir eccionó fondos del programa nacional "Mi Pueblo" mediante un convenio firmado en 2016 con el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni. A través de ese acuerdo, se habrían adquirido herramientas y maquinaria con sobreprecios a la firma Service Hogar, propiedad del empresario Claudio Tolosa, presunto beneficiario de la maniobra.
Junto a Ayala, también están imputados sus exasesores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, además del propio Tolosa. Según la Fiscalía, los cuatro integraron una estructura que permitió ejecutar el desvío de fondos. En este contexto, el Ministerio Público anticipó que pedirá una pena que podría alcanzar los seis años de prisión para la exfuncionaria.
El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, prevé una duración de menos de un mes y contará con la declaración de 30 testigos, entre ellos el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el exintendente de Resistencia, Jorge Capitanich.
La acusación estará en manos del fiscal federal Federico Carniel, quien también participó del proceso de Lavado II, donde Ayala fue condenada en mayo de 2024 a tres años de prisión en suspenso por maniobras fraudulentas con contratos públicos. En aquel fallo, fue absuelta por lavado de dinero, aunque la Fiscalía apeló esa decisión.
