El negocio de las tierras fiscales en Chaco y la razón por la que apuntan a Soneira
La exfuncionaria está señalada por su posible participación en la entrega irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales a una organización ilícita. Sabadini pide su indagatoria "urgente".
El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó este lunes a la jueza Zunilda Niremperger la urgente declaración indagatoria de la exministra de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, en el marco de una megacausa por presunto fraude con tierras fiscales que tiene como principal imputado al dirigente social Ramón "Tito" López.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la exfuncionaria habría autorizado de manera irregular la adjudicación de tierras fiscales provinciales a nombre de López y varios de sus familiares. Estas operaciones, según la investigación, se habrían concretado con una celeridad inusual y contraviniendo la normativa vigente, que prohíbe su venta durante al menos diez años.
El caso investiga la presunta conformación de una asociación ilícita destinada a la apropiación sistemática de terrenos rurales de propiedad estatal, con fines de lucro personal. Entre los implicados figuran la esposa de López, Librada Beatriz Romero, sus hijos David, Walter y Daniel López, y su nuera Devora Acosta. Todos ellos habrían constituido el fideicomiso "La Alejandra Uno" a través de la empresa Smart Capital S.A., instrumento jurídico utilizado para concentrar las tierras adquiridas a precios muy por debajo del valor de mercado.
Uno de los documentos claves incorporados a la causa es el expediente E-14-2016-100-E, en el que figura la adjudicación de más de 600 hectáreas a Daniel López, hijo del dirigente piquetero . Según el informe remitido por el Instituto de Tierras Fiscales, fue la propia Marta Soneira quien firmó la resolución que autorizó la operación, pese a que existía una expresa prohibición de venta por una década.
Además, se detectaron operaciones similares con otras parcelas adjudicadas a los restantes familiares de López, todas con destino productivo declarado, aunque sin registro de trabajadores en blanco ni actividad económica constatada. En algunos casos, las tierras fueron transferidas a empresas como Brua Agropecuaria S.A., bajo figuras contractuales que habrían servido para disimular la maniobra fraudulenta.
Con esta solicitud, Sabadini busca avanzar en la etapa procesal de indagatorias y comenzar a delimitar responsabilidades individuales en la presunta estructura criminal, que según la fiscalía se habría consolidado durante más de una década con un modus operandi reiterado y articulado desde el propio aparato estatal.
