El kirchnerismo se resiste, pero la baja en la edad de imputabilidad podría avanzar
Mientras la familia de Dylan Gaetano recorre los juzgados para pedir que detengan al adolescente de 13 años que asesinó al joven de 16, a nivel nacional se debate una ley que tampoco contemplaría un caso como el ocurrido en Resistencia.
El dolor por el asesinato de Dylan Gaetano, el adolescente de 16 años atacado a puñaladas mientras jugaba con sus primos en Resistencia llevó a su familia a recorrer juzgados pidiendo la detención del presunto autor, un menor de 13 años que, por su edad, no es punible según la legislación vigente.
El caso volvió a encender el debate sobre la edad de imputabilidad y, en esa sintonía, en la Cámara de Diputados se abre una instancia decisiva: este martes se discutirá en plenario un proyecto que propone bajar la edad a 14 años y crear un régimen penal juvenil con nuevos estándares.
El Gobierno nacional, junto al PRO, la UCR y otros aliados, impulsará un dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Presupuesto y Justicia. El borrador que más consenso reúne fue trabajado durante meses por más de 100 legisladores de distintos bloques y propone una reforma integral del sistema, con foco en la contención, la resocialización y penas alternativas.
La propuesta busca reemplazar la ley 22.278, vigente desde 1980 —herencia de la dictadura militar—, y alinear el sistema argentino con tratados internacionales que exigen un régimen diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley penal. El proyecto contempla 53 artículos distribuidos en once capítulos, y entre los puntos centrales incluye:
· La baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
· El principio de "último recurso" para la prisión, que se aplicará solo en delitos graves.
· Un sistema de penas alternativas: amonestaciones, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, y reparación del daño, entre otros.
· Garantías como el derecho a la defensa legal desde el inicio, la participación del menor en el proceso y la prohibición de cárceles comunes.
· Medidas complementarias como asesoramiento psicológico, continuidad escolar, tratamiento médico y capacitación laboral.
Si bien el proyecto que más respaldo cosechó fija el límite en 14 años, no contempla casos como el del joven que asesinó a Dylan Gaetano, quien tiene solo 13. La iniciativa oficial, enviada por el Gobierno de Javier Milei, proponía fijar la edad en 13 años, pero ese punto fue moderado en la búsqueda de un mayor acuerdo parlamentario. Aun así, la reforma despierta fuertes resistencias.
El kirchnerismo, el Frente de Izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica expresaron su rechazo. Este domingo, el obispo Dante Braida —presidente de la comisión de Pastoral Social— declaró: "Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz". La voz eclesiástica se suma a otras organizaciones que advierten sobre los riesgos de criminalizar la infancia sin una red de contención sólida.
Sin embargo, incluso dentro del peronismo hay matices. El massista Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto propio que también baja la edad a 14 años. La diferencia está en el enfoque: mientras algunos bloques hacen énfasis en la penalización, otros apuestan a la prevención y contención social.
El debate, además, está atravesado por la presión social. Casos como el de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada tras un robo cometido por adolescentes de 14 y 17 años, generaron indignación pública y reforzaron la idea de que el sistema actual es ineficaz. En muchos distritos, jueces recurren a medidas tutelares irregulares para mantener en reclusión a menores que, legalmente, no pueden ser juzgados ni defendidos.
El proyecto consensuado establece que el régimen penal juvenil se aplicará a quienes tengan entre 14 y 18 años al momento del hecho, e impide penas perpetuas. También regula la posibilidad de sustitución parcial de la pena tras cumplir dos tercios y prohíbe expresamente la convivencia con adultos en centros de reclusión.
