Vanesa López, la piquetera que hacía negocios con la comida de personas vulnerables
Con la ayuda que desviaba, se hizo de un patrimonio con el que logró adquirir vehículos de alta gama y llevar un estilo de vida muy alejado de las carencias que decía combatir.
La justicia federal avanza sobre el patrimonio de la dirigente piquetera Vanesa Elizabeth López,condenada en 2023 por lavado de activos , tras comprobarse que desvió mercadería destinada a comedores populares para su beneficio personal. Ayer, en el marco de la misma causa, fueron secuestrados una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta Yamaha XTZ en operativos realizados en las localidades santafesinas de Villa Ocampo y Las Toscas.
El operativo fue coordinado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros y la División Leyes Especiales de la Policía del Chaco, en conjunto con personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, tras recibir un oficio judicial emitido por el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Ambos vehículos habrían sido vendidos tras el inicio de la causa y son considerados parte del circuito de blanqueo de bienes ilícitos.
SUS AÑOS DE GLORIA
López fue durante años una de las referentes sociales más activas del barrio Toba, donde articulaba con el Ministerio de Desarrollo Social del Chaco la distribución de alimentos y asistencia estatal. Sin embargo, una investigación reveló que buena parte de esa ayuda era desviada y vendida . Con ese dinero, López y su círculo íntimo —su esposo Walter Liva y Claudio Ojeda— adquirieron vehículos de alta gama y llevaron un estilo de vida muy alejado de las carencias que decían combatir.
En octubre de 2023, el juez de Cámara Juan Manuel Iglesias condenó a los tres por lavado de activos. La sentencia destacó que el incremento considerable en su patrimonio coincide con la prestación de servicios a la administración pública provincial y no puede justificarse con los ingresos declarados por los acusados. La dirigente percibía en 2021 un sueldo de apenas $ 22.782 como empleada pública, pero acumulaba camionetas RAM 1500, Amarok y motocicletas Yamaha.
LA COOPERATIVA COMO FACHADA
La maniobra se sostenía mediante la Cooperativa de Trabajo Juventud Santa Catalina, creada por López en 2012. A través de ella, se contrataban supuestas refacciones y limpiezas en escuelas. Los pagos estatales llegaban a la cuenta de la cooperativa, eran retirados en efectivo y nunca llegaban a los socios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas detectó movimientos bancarios irregulares que terminaron siendo clave en la causa.
En una audiencia de juicio abreviado, los acusados admitieron los hechos, lo que allanó el camino hacia la condena. La pena fue de tres años de prisión en suspenso y una multa económica equivalente al doble de lo blanqueado.
Mientras los comedores populares seguían vacíos, López exhibía en redes sociales camionetas, motocicletas de alta cilindrada y viajes. El contraste entre su rol social y su vida privada se convirtió en uno de los símbolos más crudos del uso espurio de la ayuda estatal.
