Piqueteros "vip": Marcos Cáceres recibió más de 220 millones en dos años
El piquetero obtuvo esa cantidad de dinero entre los años 2022 y 2023. El incremento de su familia no tiene ninguna forma de justificarse como empleado municipal ni como monotributista.
Se conoció nueva información sobre uno de los cuatro piqueteros detenidos y alojados en la U7 con prisión preventiva y procesados por la jueza Zunilda Niremperger: Marcos Antonio Cáceres vivía una vida de lujos como si fuese un millonario consolidado.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, no registra actividad económica actual ante el ARCA (ex AFIP), pese a que estuvo inscripto como monotributista categoría D. Fue empleado municipal en Resistencia (con afectación al cementerio San Francisco Solano) hasta mayo de 2024, momento en que fue suspendido por inasistencias laborales.
Sus ingresos declarados no se corresponden con sus movimientos bancarios: Por ejemplo, registró acreditaciones por más de $ 6,7 millones entre 2021 y 2023, y consumos por casi $ 6,4 millones en el mismo período. Emitió facturas principalmente a organismos públicos como SAMEEP y el Ministerio de Desarrollo Económico.
Además, adquirió vehículos, varios de ellos de alta gama, como por ejemplo: una camioneta Dodge, JOURNEY SE 2.4; una camioneta RAM 1500 5.7 V8, La Ramie 4x4; un automóvil Volkswagen modelo UP; y una motocicleta BAJAJ ROWSER, NS200. A la vez, usa utiliza otros que no están registrados a su nombre. En su domicilio se halló una motocicleta con documentación de transferencia, además de $9.362.190 en efectivo durante un allanamiento.
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EL ENTORNO FAMILIAR Y LOS SELLOS
Está bajo investigación por la acusación de "utilizar fondos públicos adjudicados a la cooperativa para la construcción de salones, quinchos, piletas y una cancha de básquet en inmuebles fiscales". Estas propiedades, de alto valor y modernas características, fueron edificadas en terrenos del Estado y destinadas a uso privado o alquiler. El valor estimado de las obras supera ampliamente los ingresos lícitos de Cáceres y su entorno familiar.
En todos los casos, los inmuebles se encuentran construidos en tierras fiscales sin cesión formal, y en algunos se detectó un uso irregular de fondos estatales, con obras incompletas o inconsistentes con lo declarado, como el galpón de la Cooperativa Central Progreso, financiado por $12 millones y con solo un 20% de avance real.
Tras la investigación realizada, la Fiscalía Federal sostiene que los fondos supuestamente blanqueados por los imputados se originaron en maniobras defraudatorias al Estado provincial a través de contrataciones con la "Cooperativa de Trabajo Central de Progreso Ltda". y las fundaciones "Rosana Solidaria", "Peronismo Unido" y "Juan Domingo Perón". En todas estas asociaciones civiles, figuran como autoridades en cargos distintos, Marcos Cáceres, su pareja Lourdes Ruiz Díaz y su hermana María del Carmen Cáceres.
Sobre el vínculo con el Estado provincial, se pudieron verificar transferencias por $ 220.327.655 provenientes del Estado provincial Este organismo (IAFEP), habría sido el emisor de casi la totalidad de los, principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Esta suma representa el 93% de los fondos públicos recibidos por las entidades entre 2022 y 2023 (poco más de $ 204 millones). Como se sabe, este organismo fue intervenido mediante Decreto el 18 de diciembre del 2023, atento a las graves irregularidades constatadas en el funcionamiento de dicho instituto desde su creación.
Una de las inconsistencias que asomó en las pesquisas es que todas las instituciones tienen el mismo domicilio fiscal declarado (Vedia 2010, en Resistencia), también coincidente con el del principal imputado, Marcos Antonio Cáceres. Además, ninguna tenía empleados registrados en relación de dependencia ni tampoco bienes registrables como por ejemplo maquinarias necesarias para ejecutar las obras adjudicadas. Por otra parte, se pudo comprobar que había extracción casi total de los fondos percibidos vía transferencias bancarias.
Las irregularidades que aparecen detalladas en el informe de la Fiscalía incluyen, además: simulación de obras mediante actas y fotografías falsificadas; proyectos no ejecutados o inacabados (veredas, plazas, galpones, viviendas); obras con calidad inferior a la estipulada; beneficiarios reales distintos a los declarados; algunos adquirieron viviendas mediante pago informal a referentes sociales; compra sistemática de suministros a CASCIA S.R.L., evitando el proceso de licitación pública.
En base a lo descripto, la Fiscalía indicó que "los elementos probatorios superan el estándar requerido para considerar acreditada la existencia de fondos de origen presuntamente ilícito, producto de conductas delictivas sistemáticas y organizadas con intervención estatal directa, especialmente en el marco del IAFEP, cuya intervención fue ordenada por el Ejecutivo provincial".
Tal como figura en la resolución de la jueza que confirmó el procesamiento con prisión preventiva para este dirigente piquetero "se aprecia un incremento patrimonial sostenido que no guarda proporción con los ingresos formalmente declarados por los integrantes del grupo familiar. Dicha desproporción coincide temporalmente con un notable aumento de los ingresos percibidos por fundaciones y cooperativas vinculadas, especialmente en 2023, seguido de un abrupto descenso a ingresos nulos en 2024. Al mismo tiempo, algunos miembros del grupo optaron por vender vehículos durante 2024, lo que sugiere un intento de disminuir el patrimonio exteriorizado".
