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Judicial

Errores procesales: los argumentos que permitieron la liberación de Ricardo Osuna

La defensa del abogado argumentó falta de pruebas, errores fácticos y violaciones al debido proceso en la causa por abigeato, encubrimiento y estorbo a la función pública.

Ricardo Osuna, abogado.

El abogado Ricardo Osuna recuperó la libertad el miércoles 16 de abril, tras permanecer detenido en el marco de una compleja causa judicial que investiga delitos de abigeato, encubrimiento y estorbo a la labor de un funcionario público. La medida fue adoptada por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en General San Martín, luego de que la defensa del imputado planteara múltiples irregularidades en la resolución que dictaba su prisión preventiva.

El decreto de excarcelación, que impuso estrictas condiciones como la prohibición de salir del país y la restricción de acercamiento a más de 30 personas vinculadas al proceso, fue dictado por la fiscal Noelia Miño. Osuna fue liberado tras el pago de una caución, aunque la causa principal —caratulada "Ricardo Ariel Osuna s/ Abigeato"— continúa su curso.

Durante la audiencia de apelación realizada el 10 de abril, las abogadas defensoras Rocío de Jesús Ramírez y Gabriela Judith Tomljenovic cuestionaron fuertemente el decreto N° 22/25 que había dispuesto la prisión preventiva, señalando que el mismo presentaba defectos procesales graves. Uno de los principales reclamos fue que varias de las pruebas utilizadas para justificar la medida no fueron notificadas previamente al imputado, vulnerando su derecho a la defensa.

Además, la defensa advirtió que el decreto carecía de una fundamentación adecuada: "Recién a partir de la foja 84, de un total de 95, se intentó realizar una valoración que no resulta ni completa ni integral", señalaron. También observaron que el Ministerio Público Fiscal recurrió a citas doctrinarias para describir el tipo penal en lugar de desarrollar una argumentación propia, lo que fue calificado como inapropiado.

Otro punto clave fue la falta de precisión en la descripción del hecho principal. Tomljenovic sostuvo que en la causa N° 4059/25 se habló de "apoderamiento ilegítimo de animales bovinos", pero no se detalló ninguna maniobra concreta que atribuyera esa acción a Osuna,lo cual es esencial para que el acusado pueda ejercer su derecho a defensa.

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Por otro lado, se mencionaron inconsistencias entre las causas conexas. "Con la sola lectura de las órdenes de allanamiento, la situación es la misma en todos los casos, solo cambian los damnificados, pero en una se imputa abigeato y en otro encubrimiento. La defensa desconoce los motivos de esta diferencia", argumentaron.

También se refirieron a la supuesta obstrucción denunciada por la fiscalía, indicando que la colocación de una cadena con candado a la entrada del campo no constituye tal delito, ya que se trataba de una medida para resguardar bienes y, de hecho, la segunda vez que ingresó la policía, Osuna mismo abrió el portón sin resistencia.

A su vez remarcaron que desde el primer momento el abogado se puso a derecho, entregando incluso su pasaporte, lo que demostraba la ausencia de riesgos procesales como la fuga o el entorpecimiento de la investigación.

La resolución del Tribunal de Alzada que revocó la prisión preventiva consideró válidos varios de estos planteos, devolviendo la libertad a Osuna bajo condiciones restrictivas mientras se avanza en la investigación. 

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