De la impunidad criolla a la Justicia: la estafa que golpeó a familias chaqueñas
Radiografía de quienes se aprovechaban de quienes menos tienen, usaban al Estado y manejaban el clientelismo con precisión quirúrgica para construir pequeñas fortunas.
Dos causas judiciales distintas, una de ellas difundida este miércoles por Diario TAG , exponen cómo la situación de vulnerabilidad fue capitalizada por la ambición de otros. Distintas familias, distintos pueblos, pero un mismo hilo conductor: la extorsión sistemática a personas bajo la promesa de beneficios sociales. La Justicia federal avanza en ambos expedientes, aunque en uno ya hay condenas firmes y en el otro, una investigación que expuso varias ramificaciones.
La primera historia tiene nombre propio: Aida Mabel Borda. Junto a su esposo Rubén Enrique Brousser y sus hijos, montaron una estructura delictiva que operó entre Quitilipi y Sáenz Peña, captando a mujeres de bajos recursos con promesas de gestionarles pensiones o asignaciones. Usaban la fachada de ser empleados de ANSES, recolectaban documentos, datos personales y hasta tarjetas de débito. Luego, las acompañaban a los cajeros automáticos y les exigían la mitad del dinero bajo amenazas.
Una de las víctimas, madre de siete hijos, denunció que la llevaban en una Toyota Hilux y que, si no pagaba, la dejaban sin "su parte" . La Justicia fue contundente: en julio de 2023, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó condenas por fraude a la administración pública, amenazas y lavado de activos. Una banda familiar, organizada, con roles definidos y una mecánica aceitada. Pero no todo terminó ahí.
En 2025, una ampliación de la causa volvió a poner a la familia en la mira. Esta vez, la acusación incluye el acceso no autorizado a datos fiscales y la manipulación de trámites desde direcciones IP sospechosas. La defensa insiste en que ya estaban con prisión domiciliaria cuando ocurrieron esos hechos, pero la Cámara Federal de Apelaciones rechazó su planteo de nulidad. El expediente sigue abierto y promete más capítulos.
TACO POZO: VOTOS, PENSIONES Y CUADERNOS
Mientras tanto, a más de 300 kilómetros, en Taco Pozo, otro expediente judicial avanza sobre un esquema que, aunque distinto en sus actores, replica la lógica del engaño a los vulnerables. En este caso, la investigación es liderada por el fiscal federal Carlos Amad y tiene varios procesados, entre ellos funcionarios municipales y profesionales de la salud.
Según la pesquisa, se otorgaban Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC) a personas de bajos recursos, pero con un precio: una suma de dinero y el compromiso de devolver el favor en las urnas. "A cambio del beneficio, debían apoyar con su voto o de otras formas a la gestión", sostiene la denuncia. Entre los apuntados figura el entonces director del hospital local, el médico Marcos Gustavo Rojas, a quien se señala como uno de los eslabones clave del entramado.
Los allanamientos realizados en el marco de esta causa no sólo dejaron detenidos, sino también material sensible: cuadernos con listados, movimientos y detalles de las operaciones. Documentación que recuerda a otros tiempos —y otras causas— en los que también los "cuadernos" fueron prueba esencial de la corrupción estructural.
EL PATRÓN QUE SE REPITE
Las historias reflejan un modus operandi que se repite como una postal de impunidad criolla: aprovecharse de quienes menos tienen, usar al Estado como pantalla, manejar el clientelismo con precisión quirúrgica y construir pequeñas fortunas sobre la base de la desesperación ajena.
