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Expulsaron a cuatro policías implicados en la venta de vehículos judicializados

El decreto que informa sobre la sanción expulsiva de Cesantía se dio a conocer este miércoles y lleva la firma del gobernador de la Provincia, Jorge Capitanich y la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar. La investigación comenzó el 21 de agosto del 2020.

Imagen ilustrativa

A través de la disposición N° 0612/22 el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, decretó la sanción expulsiva de Cesantía para los Comisarios Mayores, Irma Beatriz Insaurralde y Gustavo Ricardo Ortíz, para el Comisario Principal Rubén Antonio Valenzuela y para el Subcomisario José Antonio Ricail. 

Según expresa el decreto, esto se dio, ya que en todos los casos con su accionar transgredieron las normas disciplinarias previstas en el Artículo 98 inciso m) en concordancia con el Artículo 99 "Faltas Graves". 

Estas actuaciones se llevaron a cabo en el marco de la causa judicial que tuvo sus inicios el 21 de agosto de 2020 caratulada como "Utilización del Instrumento Público Falso y Estafa Agravada en perjuicio de la Administración Pública", con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 14. 

En aquel momento, más precisamente el 5 de junio 2020, tras el aviso de la División Sustracción de Automotores dependiente del Departamento Investigaciones; el Juzgado de Garantías N° 3 dispuso el allanamiento del domicilio del Cabo de Policía Pablo Walter Vargas. 

En el mismo procedieron al secuestro de una motocicleta marca Yamaha Modelo YBR 125 cc, azul, dominio 868-HOB y la aprehensión del mencionado agente policial de la Comisaría de la localidad de "El Sauzalito". 

Fue así que, unos meses después, el 28 de agosto, fue detenido el Subcomisario José Antonio Ricail, por una causa de venta de autos secuestrados por la Justicia. El mismo fue notificando de la suspensión preventiva de funciones con retención de haberes, permaneciendo alojado en la División Bomberos Metropolitana. 

Durante el mismo operativo, se procedió con la aprehensión del Subcomisario Hugo Alejandro Muñoz, con prestación de servicios en la Comisaría Duodécima, siendo alojado en la Comisaría de Puerto Vilelas. 

Asimismo, a la causa también se suma la detención del Cabo Primero Edgardo Ramón González y el secuestro de una motocicleta marca Motomel Modelo Blitz 110 cc, debido a estar involucrado en conversaciones de WhatsApp entre Ricail y Domínguez. 

En este sentido, mediante la declaración de la esposa del subcomisario Muñoz y los diálogos que tuvieron por chat se pudo saber que Ricail se contactaba con un empleado judicial llamado Sergio Javier Domínguez, y le solicitaba los rodados que se hallaban secuestrados, para ser entregados a personas designadas por el primero, a través de mecanismos irregulares. 

Siguiendo por esta línea y haciendo hincapié en los cuatro policías expulsados, según especifica el decreto, se pudo acreditar el accionar de la Comisario Mayor Irma Insaurralde, quien tenía el cargo de Jefa de Departamento Policía Científica, y a través de los mencionados mecanismos irregulares, obtuvo una motocicleta Mondial, hechos que, a pesar de haberlos negado, quedaron acreditados. 

Utilizando la misma modalidad, el Comisario Mayor, Gustavo Ricardo Ortiz, jefe de la Comisaría Seccional Segunda, solicitó al empleado judicial Sergio Domínguez una motocicleta y una bicicleta. 

Por último, en el caso del Comisario Principal, Rubén Antonio Valenzuela, se vuelve a repetir la misma maniobra irregular, ya que, aprovechándose de su cargo como jefe de la División Criminalística, recibió una moto vehículo, que se hallaban legalmente secuestrado. 

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