Desvío y venta ilegal de mercaderías de Desarrollo Social: oportunismo y necesidades
Pasan los años, pero hay prácticas indecentes que se siguen repitiendo por parte de algunas personas. Una mala costumbre que parece haberse vuelto habitual en estos últimos tiempos. En este 2021 el desvío de mercaderías estuvo otra vez en boca de todos, así como los múltiples allanamientos y comerciantes buscando beneficiarse con productos que tenían como destino a los lugares más humildes de la provincia.
A lo largo de este año, la polémica del desvío de mercaderías tuvo en vilo a toda la provincia y generó mucha indignación en el pueblo chaqueño.
El caso más resonante fue en el que estuvo involucrada la dirigente social, Vanesa López, la principal sospechosa por ser la mediadora de mercaderías de Desarrollo Social que tenían como destino el barrio Gran Toba, sin embargo, acabaron en un galpón a pocos metros de un supermercado en Las Garcitas.
Todo comenzó en febrero del presente año, cuando un hombre de 40 años, empleado del Ministerio, realizó una denuncia a las autoridades policiales quienes comenzaron con las tareas investigativas y lograron ubicar dos camiones en un galpón en cercanías de un supermercado de la localidad que se encuentra al noroeste de Resistencia.
Según habían informado, todos esos alimentos habían sido retirados ese mismo día, en horas de la siesta por un referente social del barrio Toba y tenían como beneficiaros a las personas del mismo barrio mencionado.
Consecuencia de esto, comenzaron las averiguaciones para dar con los supuestos responsables y, días más tarde, los uniformados allanaron el supermercado de Las Garcitas donde encontraron varios productos sin documentación.
Es así que, en la siguiente semana, la reconocida dirigente social fue imputada y la fiscal en la causa dispuso que se realicen los allanamientos en las propiedades de López.
Un día después, los agentes policiales realizaron los procedimientos dispuestos por la Justicia en las causas que investigaba tanto a López como a su pareja Walter Liva y al dueño del supermercado, Hugo Eduardo Moreno. Esa mañana, se realizaron las diligencias judiciales en al menos, dos propiedades de López.
Con horas de diferencia, la dirigente se entregó a la Justicia junto con su pareja y el dueño del supermercado involucrado en dicha causa. La defensa de López, Liva y Moreno pidió que se mantuviera la libertad de los acusados, pero al insistir la justicia con la detención, finalmente decidieron presentarse de forma espontánea.
La mercadería "tenía que ser entregada en esa localidad del interior. Están los remitos, está la documentación", había manifestado a Diario TAG,Juan Martín Varas quién era el abogado defensor.
La causa tuvo muchas idas y vueltas en solo pocas horas. Desde el beneficio de la prisión domiciliaria para López y el resto de los involucrados hasta la confirmación de la prisión preventiva para los implicados. Ante esto, la defensa de López, Liva y Moreno se expresó acerca de la prisión preventiva y afirmó que no correspondía porque "ellos se presentaron en forma espontánea, se pusieron a disposición, colaboraron con la Justicia, entonces podemos decir que no existen los riesgos procesales".
Además, siguiendo en esa línea, habían argumentado que "la mercadería iba destinada a barrios del interior", en contra de lo que habían mencionado las fuentes oficiales que indicaban que debían ser entregadas en el Gran Toba de Resistencia.
El desenlace para López y compañía tuvo lugar en abril. La dirigente social, junto con su pareja Walter Liva y el dueño del supermercado de Las Garcitas salieron en libertad. La resolución para los tres comprometidos en la causa por supuesto desvío de mercaderías fue detallado por el abogado defensor a este medio. "A las 12.30 horas nos dieron el veredicto del recurso de apelación que habíamos interpuesto contra la prisión preventiva que le dictaron a López, Moreno y Liva. La Cámara resolvió dar lugar a nuestro planteo decretando la libertad. Se dispuso reglas de conducta y una caución de $200.000 a cada uno".
Pero, el caso de Vanesa López, no fue el único, aunque sí el que más polémica e indignación generó. Varias modalidades repetidas sucedieron a lo largo del año en la ciudad de Resistencia.
Meses después, y con la causa de López como antecedente, en el Parque Tiro Federal, los efectivos policiales recibieron una denuncia por presunta venta de mercadería que también era perteneciente al Estado y no contaba con el aval para ser comercializada.
Con solamente ocho días de diferencia, otro comercio ubicado en Lavalle y calle 14 de la capital chaqueña fue allanado por los uniformados. En el local dispusieron el secuestro de varios productos pertenecientes también Ministerio de Desarrollo Social.
Ante el aumento de estas situaciones, el ministerio se hizo eco de lo ocurrido y en más de una oportunidad recordó a las personas que estaba "prohibida la venta de mercadería y módulos alimentarios destinados a personas en situación de vulnerabilidad", asimismo reiteró en todos los medios de comunicación para realizar las denuncias ante la sospecha de venta o desvío de productos.
Así, se espera que para el año venidero estas malas prácticas desaparezcan y que las personas tomen conciencia de lo que implican estas acciones.
