Escuelas de Gestión Social: proponen suspender su financiamiento y denuncian "adoctrinamiento"
La claridad en el marco regulatorio de las Escuelas Públicas de Gestión Social está en constante discusión pese a que actualmente existe legislación que las avala. Sin embargo, con las polémicas que han surgido en los últimos años y las denuncias de "adoctrinamiento" por parte de algunas instituciones, el debate siempre está presente.
El Gobierno provincial reconoció el año pasado que uno de los ejes del Congreso Pedagógico lanzado en 2020, tenía que ver con trabajos para reglamentar la Ley de Escuelas Públicas de Gestión Social, crear una dirección de las mismas –tal como ocurre en las de Gestión privada- y hasta definir algo tan importante como el perfil de los docentes que las integren.
Más allá de advertir ejes que debían ser trabajados, el Ministerio de Educación provincial también defendió a las escuelas de gestión social y sobre los cuestionamientos del marco que las regula respondió que suelen hacerse "con el objeto de desacreditar a la gestión social o quizás desde el desconocimiento mismo".
Lo cierto es que dicha modalidad educativa está avalada en la Ley de Educación Nacional Nº 26.2062 y de la Ley de Educación Provincial Nº 1887-E, ex Ley 66913. También existen otros documentos que definen y reconocen a la Gestión Social. Ejemplo de ello es la Resolución 3300/2015 del Ministerio de Educación de la Nación, en su artículo 3° define como Escuelas de Gestión Social y Gestión Cooperativa a aquellas que reúnan las siguientes características, entre otras.
- Que sean desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro.
- Que se reconozcan como públicas, abiertas, no discriminatorias
- Que actúen en asociatividad y complementariedad con el Estado
- Que implementen proyectos institucionales centrados en dar respuestas a las diferentes necesidades de los y las estudiantes que atienden
- Que planteen proyectos innovadores, desarrollando una pedagogía que tenga por finalidad el logro de una ciudadanía crítica y emancipada.
Cuestionamientos
En 2019, a raíz de la polémica por el izamiento de la bandera de Cuba o la imagen del Che Guevara en banderas y uniformes escolares, el programa periodístico Periodismo Para Todos se acercó al barrio de Emerenciano Sena donde funciona una de las escuelas de gestión social. En la transmisión, el exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que las escuelas de gestión social comenzaron con la ley de Educación de 2006 y se diferencian de las escuelas de gestión estatal y de las privadas porque pueden ser gestionadas por agrupaciones políticas.
"Han habido provincias que las gestionaron razonablemente bien y otras que no lo han hecho. Esa escuela no tiene supervisión" indicó el funcionario y sostuvo que es una institución – la de ES- donde "inculcan un adoctrinamiento como lo hacía el fascismo, el comunismo y los regímenes populistas y totalitarios".
Mientras la reglamentación de las EPGS continúa pendiente, el referente de Republicanos Unidos Chaco, Iván Gyoker , presentó un proyecto de Ley para suspender las transferencias económicas que las mismas reciben hasta que se apruebe una reglamentación para su correcto e institucionalizado funcionamiento.
"El Estado no puede financiar ningún tipo de actividad sin la obligación de un correcto cumplimiento normativo para el desenvolvimiento de la actividad subvencionada", fundamenta el proyecta y agrega: "Han sido sujeto de utilización política y adoctrinamiento a los alumnos, con entone de la canción ‘’Hasta siempre comandante’’, el empleo de el rostro de Ernesto Guevara e imágenes de Kim Jong-Un, sumado al izamiento de las bandera cubana y venezolana".
Qué son las EPGS
Las escuelas de gestión social y cooperativa son aquellas que están gestionadas por movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicales, cooperativas, bachilleratos populares u otros tipos de organizaciones civiles que se organizan en forma colectiva/comunitaria y autogestionada, con el interés compartido de contribuir a una transformación educativa para la sociedad.
Deben ser creadas donde no existan propuestas educativas de gestión estatal. La misma nace como respuesta político pedagógica de sectores sociales afectados por el desmembramiento del tejido social que produjo el neoliberalismo de la década de los 90´, a través de distintas experiencias de organización con el objetivo de atender a una población altamente vulnerada en determinados territorios.
